Antes de enero de 1959, el gobierno de Estados Unidos ofreció un ilimitado apoyo militar al dictador Fulgencio Batista y trató de escamotear el triunfo del Ejército Rebelde.

Medidas de amplio apoyo popular como la rebaja de alquileres de las viviendas, disminución del precio de los medicamentos, intervención de monopolios en manos de compañías extranjeras -como la electricidad y el teléfono-, así como la primera Ley de Reforma Agraria (1959) que proscribió el latifundio, entre otras, granjearon al joven gobierno revolucionario la enemistad de la Casa Blanca.

Se sucedieron desde entonces intentos de aislamiento político y diplomático, fomento de planes subversivos y sabotajes, secuestros de aeronaves y embarcaciones, infiltraciones de agentes e incursiones piratas, así como el estímulo a bandas contrarrevolucionarias en las zonas montañosas, liquidadas a la postre en 1965.

No faltaron las agresiones biológicas con afectaciones directas a personas, animales y cultivos, las cuales ocasionaron irreparables daños humanos y pérdidas millonarias a la economía.

En las Demandas del pueblo de Cuba al gobierno de Estados Unidos por daños humanos (1999) y económicos (2000) quedan expuestos algunos ejemplos.

La introducción del agente etiológico del virus del dengue tipo 2 a través de grupos anticubanos radicados en Estados Unidos, provocó en 1981 una epidemia con un balance de 158 ciudadanos fallecidos, de ellos 101 niños.

En 1978 la roya, una de las enfermedades más agresivas de la caña de azúcar se extendió a todo el país y afectó severamente sobre todo a la variedad Barbados-4362, de altos rendimientos agrícolas e industriales y que era en esa época la predominante en las plantaciones cubanas.

Asimismo en 1971, 1979 y 1980 debieron ser sacrificados centenares de miles de cerdos atacados por la Fiebre Porcina Africana, mientras el Moho Azul del tabaco destruyó más del 85 por ciento de las plantaciones del importante renglón productivo.

Los planes de asesinato y atentados contra dirigentes cubanos también figuraron en el prontuario de la Agencia Central de Inteligencia para descabezar la Revolución cubana.

Solo en el caso del líder Fidel Castro, los órganos de la Seguridad del Estado documentan 637 planes o tentativas de acabar con su vida.

Quizás el bloqueo económico, comercial y financiero constituye el instrumento más visible de la política de la Casa Blanca y el Congreso norteamericano contra la nación caribeña.

Ha sido aplicado y reforzado desde febrero de 1962 a través de una amalgama de leyes, normas y decisiones ejecutivas de 12 administraciones sucesivas.

Las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996) condensan buena parte de esta política unilateral y extraterritorial dirigida a socavar el orden interno en Cuba y entorpecer el comercio, incluida la amenaza de sanciones contra terceros países.

Desde 1992, Cuba presenta en Naciones Unidas un proyecto de resolución donde resume las principales afectaciones que este acto calificado como genocidio provoca en los distintos sectores de la vida económica y social del país, además de exigir su inmediato levantamiento.

En noviembre último, 191 naciones respaldaron la demanda de la Mayor de las Antillas, con las únicas excepciones de Estados Unidos e Israel.

El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington en julio de 2015 entrañó un reconocimiento explícito del fracaso de una política agresiva de más medio siglo.

Veintitrés memorandos de entendimiento y acuerdos en áreas como salud, protección del medio ambiente y aplicación de la ley confirmaron las posibilidades y beneficios del diálogo bilateral entre ambos gobiernos sobre la base del respeto mutuo.

No obstante, el expresidente Barack Obama (2009-2017) no desechó la idea de acabar con el proceso revolucionario 'por otras vías'.

Así lo han observado expertos cubanos quienes se refieren a las limitadas y selectivas medidas adoptadas por la anterior administración, a fin de empoderar al sector privado y tratar de convertirlo en punta de lanza contra la actualización del modelo económico social de orientación socialista emprendido en 2010.

Las recientes medidas de la administración del presidente Donald Trump para tratar de afectar la industria turística nacional parecen retrotraer las posiciones de Washington hacia una estrategia de confrontación y amenazas probadamente fracasadas y ancladas en el pasado.

La permanencia de la revolución cubana casi 60 años después del triunfo de enero de 1959 así lo demuestra.