También se propuso mantener la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, como plantea la carta magna vigente desde 1976; y reconocer en la legislación la unión de hecho entre personas del mismo sexo.

Se planteó asimismo la adición de un artículo que garantice el derecho al disfrute por igual a ciudadanos cubanos y extranjeros, con énfasis en la igualdad de oportunidades para la creación de empresas.

Además, se propuso incluir el derecho de los ciudadanos a solicitar la modificación o derogación de leyes, y definir el mecanismo para ello.

Sobre la estructura del Estado emergieron criterios a favor de la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de modo que un individuo solo pueda integrar uno de éstos.

Acerca de la elección de los máximos cargos del país y sus territorios, se planteó que deben ser propuestos, y no elegidos o designados.

De igual modo se sugirió la creación de un tribunal constitucional, completamente independiente, que vele por el cumplimiento estricto de la Ley de leyes en todas las instancias.

La fase de consulta popular del proyecto de Constitución tendrá lugar en toda la isla hasta el 15 de noviembre próximo.

Las opiniones resultantes serán evaluadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, en una fase de análisis de la que saldrá el documento definitivo que será sometido a referendo popular, previsiblemente a finales de febrero.

El texto constitucional ratifica el carácter socialista de la nación, el papel rector del Partido Comunista en su sociedad y otorga rango constitucional a varios principios en materia de política exterior defendidos durante décadas por la Revolución cubana.

Aboga por la paz mundial, la integración latinoamericana y caribeña y por la protección del medio ambiente; y amplía los derechos de las personas, reconoce el papel del mercado y de nuevas formas de propiedad en Cuba, entre ellas la privada.