En un mensaje en su perfil en la red social Twitter, los legisladores precisaron que la cita tendrá lugar a las 11:00, hora local, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación.

La víspera, el Tribunal Oral Federal 2 impuso una pena de seis años en prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la también titular del Senado por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la gestión pública.

Dicho veredicto corresponde a la llamada Causa Vialidad por presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz entre 2003-2015, hechos que la vicemandataria rechazó y desmintió durante tres años de audiencias.

La ex jefa de Estado denunció la existencia de un Estado paralelo, una mafia y un partido judicial que la procesaron por delitos que no cometió.

Además, aseguró que su inhabilitación es la verdadera condena buscada por jueces, fiscales, empresarios y políticos contrarios al peronismo.

No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicemandataria a que la maltraten en período electoral, aseveró y descartó su postulación en 2023.

Magnetto (Héctor Horacio, director ejecutivo del grupo Clarín) podrá dar la orden a sus esbirros de Casación y la Corte Suprema para que me detengan, pero mascota suya no seré nunca. Todo eso si antes a algunos empresarios no se les ocurre financiar a otras bandas de marginales para que me peguen un tiro, pues me quieren presa o muerta, afirmó.

Integrantes de organizaciones sociales, sindicales y políticas permanecieron durante horas en las calles como muestra de apoyo a Fernández y para denunciar las violaciones cometidas durante el proceso en su contra.

Entre las agrupaciones representadas se encontraban la Federación de Tierra y Vivienda, Miles, el Partido Comunista, el Movimiento Territorial Agustín Tosco, la Asociación Trabajadores del Estado y el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, entre otros.

Tras conocerse el veredicto, ministros, legisladores, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Secretaría de Derechos Humanos, la Confederación General del Trabajo, el Partido Justicialista y otros organismos rechazaron las agresiones contra la vicemandataria y aseguraron que está en marcha un golpe para proscribirla.

Además, alertaron sobre la violación de los principios de la democracia y la justicia.