Las nuevas decisiones anunciadas por la administración federal afectan a las becas de la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (Capes) y el pago en diciembre a los médicos residentes.

Tal recurso presentado en el Supremo lleva la firma de la Asociación Nacional de Posgraduados (ANPG), la Unión Nacional de Estudiantes y la Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios.

Según las entidades, el acto es ilegal porque viola el derecho neto y cierto de los becarios.

«Los estudiantes, cuando firman el Contrato de Compromiso para obtener las becas, pasan a tener derecho adquirido al recibo de los valores, mientras cumplan los requisitos exigidos y durante el período de vigencia», describe la ANPG.

Precisa que el decreto 11.269 desgarra unilateralmente con tal obligación.

«El Gobierno de Bolsonaro simplemente rompe los términos de becas de 100 mil investigadores de la Capes y 14 mil residentes», denuncia la entidad.

Además, según los abogados de las formaciones estudiantiles, la beca tiene naturaleza alimentaria.

Es decir, es el único recurso financiero de que disponen esos miles de estudiantes para garantizar su propia supervivencia. Después de todo es la remuneración que tienen por el proyecto de investigación realizado.

De acuerdo con el portal Rede Brasil Atual, con los recortes de Bolsonaro en la Educación, se redujo a cero los fondos para becas de grado, postgrado y residencia.

También se afecta el pago de trabajadores subcontratados de las universidades e institutos federales de educación técnica y tecnológica, y médicos residentes.

Para presionar al gobierno del exmilitar en revertir la confiscación de los recursos de la cartera, la ANPG convocó a una movilización nacional a partir de este jueves.