Las movilizaciones en rechazo a la norma que entrará en vigor el 1 de septiembre serán las primeras desde las realizadas por los gremios el Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo), con la pregunta en el ambiente de si serán las últimas.

El presidente Emmanuel Macron promulgó la reforma a mediados de abril, en medio del repudio dominante en el país a la iniciativa, sobre todo a la extensión de la edad legal de retiro, y llamó a los franceses a pasar la página.

Sindicatos y partidos de izquierda han insistido en desconocer ese llamado y en mantener la lucha contra el texto, pero lo cierto es que se agotan las acciones legales y parlamentarias para frenar su aplicación.

El último recurso parece ser un proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional por el grupo Libertades, Independientes, Ultramar y Territorios (LIOT), que debe someterse a votación en el Hemiciclo el jueves.

Sin embargo, este intento de derogar la reforma de la jubilación tiene posibilidades de éxito casi nulas, según los analistas, porque el oficialismo cuenta con la opción de neutralizarlo al amparo del artículo 40 de la Constitución, el cual establece que una propuesta parlamentaria no puede degradar las finanzas públicas.

Según el Gobierno, la norma aportará al país 18 mil millones de euros en los próximos años.

La secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, consideró indispensable para el respeto a la democracia que se deje votar la iniciativa de la LIOT.

Binet también instó a convertir las protestas de hoy en una gran jornada de rechazo a la reforma.

Por su parte, el secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Laurent Berger, pidió igualmente que los diputados a la Asamblea Nacional ejerzan el sufragio, y aceptó que las manifestaciones de este martes pudieran ser de las últimas, recordando que el malestar sigue, en particular por la extensión a 64 años de la edad de retiro.