“Siguen siendo priorizados aquellos donde conviven adultos mayores solos, personas con discapacidad y otras que por razones de salud o algún desastre natural quedaron en vulnerabilidad”, explicó la especialista que los procedimientos se han optimizado a medida que se incrementa el trabajo en las comunidades.

“Antes evaluábamos la vulnerabilidad social, pero desde el momento en que se implementó la Tarea Ordenamiento se hizo énfasis a la vulnerabilidad económica, y el país destinó un financiamiento millonario para proteger a estas personas, de ahí que se note un incremento en este sentido”, dijo.

Sobre la dotación de activos para realizar emprendimientos, explicó que se efectúa conforme a lo establecido en el Acuerdo 9152/2021 del Consejo de Ministros. “Se introduce una nueva modalidad para generar empleo desde el desarrollo local, para que las personas puedan sostenerse, hasta la fecha existe un presupuesto que asciende a 54 millones de pesos para la entrega de recursos a estas familias”, dijo.

Asimismo expresó que en la identificación de estos casos son determinantes los trabajadores sociales, quienes caracterizan y evalúan sus condiciones para trabajar, “ya sea por cuenta propia, o en una Mypime, porque el emprendimiento puede tener varias fuentes”, acotó Ferrer.

En este contexto es fundamental la protección a madres con tres o más hijos menores de edad, al respecto puntualizó que se prioriza su vinculación al empleo y que obtengan el correspondiente respaldo en círculos infantiles, no obstante el principal requerimiento es la entrega de viviendas, proceso que se efectúa paulatinamente.