Panamá, 16 nov (PL) Los resultados de la Fiscalía panameña de que contra el Grupo Waked International S.A. (Wisa) hay ausencia de pruebas de delitos, demuestran lo injusto de las sanciones impuestas por Estados Unidos, afirmó su defensa. Un comunicado del MP solicitó al Ã'rgano Judicial, el 'sobreseimiento provisional' de la causa abierta tras la inclusión de personas naturales y jurídicas en una lista sancionadora publicada el 5 de mayo pasado, por una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
'Los medios de justificación acumulados no son suficientes para comprobar el o los hechos punibles investigados', señaló la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, la cual realizó inspecciones oculares, recabó información y solicitó asistencias internacionales.
Y el MP concluyó que 'en el evento de surgir nuevos elementos que permitan la comprobación de un acto contrario al orden penal, se podrá solicitar la reapertura de la investigación, como lo establece el artículo 2210 del Código Judicial'.
Al mismo tiempo aclara que las decisiones administrativas y medidas comerciales impuestas actualmente contra las personas naturales y jurídicas, no forman parte de las atribuciones del MP, porque no fueron adoptados por el fiscal de la causa.
La inclusión de Wisa en la extraterritorial Lista Clinton, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), provocó un ahogo financiero a esas empresas panameñas, que cancelaron a unos cuatro mil 500 trabajadores, mientras que Waked se vio obligado a vender parte de sus propiedades y poner otras en fideicomiso.
Sobre la base de los resultados de la investigación del MP, 'el Gobierno Nacional debe tomar medidas y obligar a los bancos locales a mantener su relación con el Grupo Wisa para seguir operando y salvaguardando los empleos', expresó el abogado Ebrahim Asvat, al diario La Estrella.
Ese propio periódico, cuyo accionista mayoritario es Waked, está sometido a las sanciones, y a pesar de operar bajo licencia de la Ofac, tiene dificultades económicas por las dudas y temores de proveedores y clientes.
Las leyes de la nación norteña solo requieren 'razón para creer' que cometió delito, elemento suficiente para incluir a personas o empresas extranjeras en sus listas sancionadoras, según justificó en su momento el embajador estadounidense en Panamá, John Feeley.