Madrid, 1 abr (PL) El gobierno español anunció que recurrirá ante la justicia los presupuestos aprobados la semana pasada por Cataluña, al incluir una partida para la celebración de un referendo de independencia en esa región del noreste del país.
El recurso del ejecutivo conservador de Mariano Rajoy, que presentará la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional (TC), exige que se suspendan las partidas relativas a las consultas populares, cuya convocatoria es de competencia estatal.
La demanda de anticonstitucionalidad suma un nuevo frente judicial a la tensión que mantienen el gobierno central y el catalán, que prometió realizar este año un referéndum en el que la población de la región pueda pronunciarse sobre la ruptura con el resto de España.
Controlado por partidos secesionistas, el Parlamento de Cataluña aprobó el pasado día 22 las cuentas públicas para 2017, pese a la advertencia de los letrados de la cámara de que con la inclusión de la polémica partida podía incurrir en un delito de desobediencia al TC.
Incluso, el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña consideró ilegal esa disposición de la Generalitat (gobierno autonómico catalán).
En un comunicado emitido el 3 de marzo, la instancia consultiva de la Generalitat valoró por unanimidad que consignar una parte de los presupuestos para financiar esa consulta es contrario a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
'La competencia de regulación y autorización en materia de referéndums corresponde con carácter exclusivo al Estado', indicó entonces en su resolución el Consejo de Garantías Estatutarias, visto como una especie de Tribunal Constitucional catalán.
Respaldado por una mayoría soberanista, el presidente catalán, Carles Puigdemont, se comprometió a celebrar la controvertida votación en septiembre próximo, a pesar de que el TC ratificó su ilegalidad el 14 de febrero.
Sin embargo, la administración de Rajoy -como hizo hasta ahora- advirtió en reiteradas ocasiones que no consentirá la escisión de ese rico territorio, de 7,5 millones de habitantes, y seguirá recurriendo ante los tribunales todos los pasos de los separatistas.