París, 23 sep (PL) La reforma laboral impulsada por el presidente Emmanuel Macron es hoy motivo de divisiones en Francia, normativa que acaba de ser avalada sin tener en cuenta el rechazo manifiesto de cientos de miles de ciudadanos.

El mandatario firmó ayer las cinco ordenanzas del nuevo Código de Trabajo, un día después de una movilización multitudinaria organizada por la Confederación General del Trabajo (CGT), y un día antes de otra protesta convocada para este sábado por el movimiento izquierdista Francia Insumisa.

Macron, electo presidente hace cuatro meses y con una popularidad que no cesa de caer desde entonces (algunas encuestas lo sitúan en solo un 36 por ciento de aceptación), parece dispuesto a asumir el costo político de aprobar por decreto esa polémica modificación, sin siquiera tener en cuenta el criterio de la Asamblea Nacional.

En lo que muchos consideran un intento de mostrar su firmeza, el jefe de Estado rubricó las ordenanzas en ceremonia transmitida en directo por la televisión, y la defendió como 'una reforma en profundidad del mercado laboral, indispensable para la economía francesa'.

El mandatario enfatizó que la regulación confía en los empleadores y los asalariados al otorgarle la prioridad al diálogo en las empresas por encima de la ley, además de que garantiza nuevos derechos y protecciones para los trabajadores.

También resaltó que la reforma ofrece soluciones pragmáticas para el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la principal fuente de empleo en esta nación europea.

De acuerdo con sus declaraciones, las ordenanzas entrarán en vigor a partir de su publicación en la Gaceta oficial la próxima semana, pero algunas medidas necesitan la emisión de decretos, lo cual tendrá lugar en los próximos meses.

La totalidad de los cambios introducidos se aplicará desde enero de 2018, puntualizó el mandatario, sin casi dedicar palabras al movimiento de huelgas y protestas multitudinarias en las calles vivido los días 12 y 21 de septiembre en más de 200 ciudades del país.

Para la próxima semana está previsto un paro de transportistas y en los primeros días de octubre será el turno de los sindicatos del sector público.

En declaraciones a Prensa Latina, el líder de la CGT, Philippe Martinez, sostuvo que la reforma laboral es un retroceso sin precedentes en materia de derechos sociales en Francia.

'Con este Código, el asalariado ya no podrá defenderse, el patrón podrá despedirlo por un motivo abusivo y ya no tendrá posibilidades de recurrir a la justicia', explicó.

A juicio de Martinez, la reforma es además el fin de los contratos de duración indeterminada, que son vitales para dar garantías y estabilidad. 'En resumen, se nos viene encima una generalización del trabajo precario', afirmó

Por su parte, el jefe de la CGT en la región parisina, Pascal Joly, argumentó que el principal problema de la reforma es poner la ley laboral en un segundo plano y darle la prioridad a los acuerdos de empresa.

'Ello deja a los trabajadores muy vulnerables frente a los patrones porque sería una lucha individual en cada empresa. Por eso necesitamos la ley como lo principal, con garantías colectivas que permitan a los empleados defenderse frente al patronado', aseveró.

Aunque el gobierno parece hacer oídos sordos frente a los reclamos, los opositores se declaran dispuestos a seguir la batalla por proteger conquistas logradas en décadas de acción obrera, sindical y política.

'Tenemos toda la confianza, porque como decimos en Francia: la única lucha perdida es la que no se emprende', afirmó el líder nacional de la CGT.