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Comisión llama a declarar a esposa de presidente peruano

Lima, 6 dic (PL) La comisión parlamentaria investigadora de los sobornos pagados en Perú por la empresa brasileña Odebrecht acordó llamar a declarar a la norteamericana Nancy Lange, esposa del presidente, Pedro Pablo Kuczynski.

La decisión fue aprobada por unanimidad por el grupo legislativo, que pretende interrogarla sobre su posible relación con una empresa financiera vinculada que habría dado servicios de asesoramiento financiero a Odebrecht.

Una televisora local afirmó el domingo último que Lange fue socia de Latin America Enterprise, creada en 1994 por Kuczynski y el chileno Gerardo Sepúlveda, la cual tenía como dirección la misma de First Capital Partners, que dio servicios a la empresa brasileña

A raíz de ello, la congresista Yeni Vilcatoma pidió a la comisión que convoque a la primera dama peruana para que diga si tuvo o no relación con First Capital Partners. La misma legisladora pidió horas antes que Kuczynski renuncie por no aclarar sus posibles vínculos con Odebrecht.

El presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, dijo semanas atrás a fiscales peruanos que la empresa contrató a Kuczynski como consultor, después de que fue premier y ministro de Economía del neoliberal Alejandro Toledo (2001-06), lo que el mandatario niega rotundamente.

Durante esa época, Toledo, según Odebrecht, cobró un soborno de 20 millones de dólares a cambio del contrato de construcción de dos tramos de una carretera a Brasil, coima pagada por Odebrecht y tres empresas peruanas asociadas, por lo que tres exejecutivos de estas fueron sometidos ayer a prisión preventiva por 18 meses.

El congresista del partido gobernante, Peruanos por el Kambio (PPK), Juan Sheput, calificó la decisión de citar a Lange como una 'bajeza inaceptable' y una reacción emocional ante la negativa reiterada de Kuczynski a ser interrogado por la comisión parlamentaria investigadora.

El Jefe de Estado ratificó ayer que solo responderá por escrito las preguntas de los legisladores y para ello se amparó en la inmunidad que le otorga la Constitución, pese a múltiples voces que le piden que acepte ser interrogado.

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