Panamá, 30 jul (PL) La disputa de Panamá por considerar 200 millas náuticas como mar territorial finalizará con una ley que apoyará la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Covemar), firmada en 1996, aunque persisten voces contrarias.

El parlamento istmeño aprobó en tercer debate un proyecto de ley que define las 12 millas de mar territorial, las 12 de zona continua y el resto hasta las 200 como la zona económica exclusiva con el derecho a explotar las actividades productivas, como la pesca y minería, según consigna el pacto mundial.

En total se establecieron 11 puntos geodésicos en el Caribe, ocho en el Pacífico y se colocaron los límites fronterizos marítimos y aéreos, en un trabajo coordinado por la Autoridad Marítima (AMP), Instituto Geográfico Tomy Guardia, Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) y los servicios nacionales Aeronaval y de Fronteras.

'Lo que estamos haciendo es definir nuestro espacio marítimo. Ni estamos quitando espacio, ni agregando', aclaró Meredith Pinedo, funcionaria de la AMP, en alusión a quienes defienden la idea de que con esta decisión el país cedió soberanía sobre sus aguas en ambas costas.

Explicó que los puntos geodésicos se establecieron respetando los tratados sobre delimitaciones de áreas marítimas y submarinas firmados con Colombia y Costa Rica, en 1977 y 1981, respectivamente.

'La ley lo que hace es que define oficialmente lo que son las aguas interiores panameñas. De allí se va desglosando el resto de lo que nosotros hemos entendido como el derecho del mar en Panamá', explicó a la prensa Israel Sánchez director del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia.

Panamá no ha perdido su territorio insular, sino que se establecen los límites de la zona marítima panameña para registrarla formalmente ante organismos internacionales, señaló.

En su libro Las fronteras del Istmo, Alberto Mckay registró los cambios que la legislación introdujo al mar territorial, el cual inicialmente era de tres millas náuticas, después 12 y posteriormente hasta 200 bajo la campaña de círculos pesqueros y políticos seguidores de una corriente sudamericana en igual sentido.

La adhesión del país a Covemar, en 1996, la rechazaron geógrafos de la Universidad de Panamá, según el autor, por considerarla lesiva a la soberanía nacional, y rechazaron el artículo tres del documento, que dispone:

'Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con esta Convención'.

La justificación de los especialistas era la necesidad de Panamá de un 'mar territorial de anchura adecuada para asegurar la defensa de su territorio y para mantener la neutralidad de la vía interoceánica', según un tratado de 1952 entre Chile, Ecuador, Perú y el Istmo, por 'situación geográfica especial'.

En mayo pasado, un artículo del abogado Luis Zúñiga publicado en el diario La Estrella, calificó la adhesión a Covemar como la pérdida de 'la mayor extensión territorial que istmeño alguno pudo imaginar. Ahora, de un solo plumazo, se aspira a definir los límites del gran despojo', en referencia a la ley próxima a firmarse.