Quito, 14 abr (Prensa Latina) A un año del anuncio de la muerte de un equipo de comunicadores del diario ecuatoriano EL Comercio, sus familiares, amigos y defensores de los derechos humanos insisten en conocer la verdad sobre el caso.

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el chofer Efraín Segarra, fueron secuestrados el 26 de marzo de 2018, mientras realizaban una investigación sobre la inseguridad existente en Mataje, localidad de la provincia Esmeraldas, limítrofe con Colombia.

Los responsables de la acción fueron miembros del Frente Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho, que operaba de manera ilegal en el área, luego de desvincularse de las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.

La incertidumbre rondó el caso, a pesar de que las autoridades informaron sobre algunas acciones en coordinación con el país vecino para recuperarlos con vida.

Tras la confirmación del plagio, comenzó una jornada de vigilia por la liberación de los trabajadores de El Comercio y para demandar pasos oficiales contundentes que derivaran en el retorno de los ecuatorianos.

La situación empeoró luego de la divulgación de un vídeo, que mostraba al trío encadenado y con candados en el cuello, en el cual pedían al ejecutivo negociar su libertad con los captores.

Por su parte, el presidente de la república, Lenín Moreno, concedió un plazo a los funcionarios involucrados en la búsqueda, para dar con el paradero de alias Guacho y traer de vuelta a los periodistas, lo cual no llegó a feliz término.

El 13 de abril de 2018, el propio mandatario anunció a la nación la muerte de los comunicadores, asesinados por el grupo irregular.

La noticia impactó a toda la nación y generó críticas a los mecanismos utilizados para lidiar con el caso.

Desde entonces, empezaron las demandas por justicia y para aclarar las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos fatídicos.

Para algunos, la administración nacional incurrió en actos negligentes y cometió errores que llevaron al peor desenlace posible, el retorno a Quito de los tres cadáveres.

La polémica se incentivó con la circulación de fragmentos de declaraciones del dignatario, Lenín Moreno, según las cuales afirmó: 'la dignidad del Estado vale más que la de una persona' y que las autoridades recalcan, fue sacado de contexto.

Conocer la verdad del caso se convirtió entonces en la prioridad de los familiares de los fallecidos y es hasta hoy, un asunto inconcluso.

La reciente publicación del libro 'Rehenes', según el cual los decesos fueron resultado de la demora para aceptar canjear a los secuestrados, atizó los pedidos.

Hoy, a un año de conocer del asesinato, permanecen intactas varias incógnitas relacionadas sobre todo con los mecanismos de comunicación establecidos con los plagiarios y las gestiones realizadas por el Comité de Crisis creado para investigar y solucionar el problema.

El 29 de junio próximo se cumplirá el primer aniversario del entierro en Quito de los comunicadores y para entonces, tanto el pueblo, como los parientes del equipo de prensa, esperan conocer más detalles de una indagación, que a los ojos de muchos pareciera silenciada.

'Nos faltan 3', sigue siendo la consigna de quienes exigen respuestas a un incidente nunca antes visto en Ecuador y repetido con el posterior secuestro y asesinato de una pareja, en similares condiciones, cometidos por el mismo grupo dedicado al narcotráfico en la zona fronteriza.

Por el momento, se conoce muy poco, más allá de informaciones de las autoridades colombianas sobre la muerte de Guacho y la confirmación de que algunos de los miembros del Frente permanecen bajo custodia policial.

La realidad del proceso sigue sin darse a la luz y Ecuador permanece en espera de resultados de una investigación que permita determinar responsabilidades.