Panamá, 7 sep (PL) Líderes indígenas panameños reaccionaron favorablemente tras conocer que el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de su país, presentó el caso del controvertido Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Susana Serracín, abogada del CIAM, participó en la reunión de la relatoría especial de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del organismo internacional, que se realizó este fin de semana en Costa Rica, sede de la CIDH, donde pidió verificar las violaciones a los derechos humanos en el PHBB.

Las mayores afectaciones, según los vecinos de la Comarca indígena, es a las personas y al sustento familiar, porque el embalse obligará al desplazamiento de al menos unos 500 residentes, además de afectar las tierras de cultivo.

También la comunidad defiende al río Tabasará, donde se erige el PHBB, como un lugar sagrado y considera que la devastación que genera la obra perjudicará el entorno e incluso el flujo de la corriente.

Serracín sostuvo ante la CIDH que a los indígenas se le viola el derecho a la salud, a un ambiente sano y a la cultura, además, en las cercanías del proyecto la etnia Ngabe Buglé tiene un centro de culto de su religión Mama Tadta, que desaparecería, informó el diario La Estrella de Panamá.

El CIAM se refirió a los petroglifos que existen en el Tabasará, los cuales quedarían sumergidos con el cierre de la presa y se perdería así un patrimonio nacional del pueblo originario.

Las escrituras y dibujos tallados en las piedras (petroglifos) datan de la era precolombina, según especialistas, y por la interpretación religiosa que los Ngabes hacen del mensaje que expresan, el sitio se convirtió en centro ceremonial; si desapareciera bajo las aguas, eso "vulneraría su derecho a la libertad religiosa", dijo la jurista.

Otros de los aspectos planteados por el CIAM fueron la falta de adecuados mecanismos de consulta libre, previa e informada, y la criminalización de la protesta contra los defensores indígenas, incluyendo mujeres y niños.

El Estado "favorece los intereses económicos de las empresas", al priorizar la seguridad jurídica de los inversionistas, aunque estas violen derechos humanos, aseveró Serracín ante la CIDH.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no admitió hasta el momento un amparo de garantías que se presentó en contra del PHBB en febrero, denunció la jusrista al analizar que la situación jurídica también es desigual.

Sin embargo, -ejemplificó- la CSJ aceptó en ocho días un recurso similar que presentó una empresa en contra de la decisión del Ministerio de Ambiente de declarar una moratoria por seis meses para concesiones hidroeléctricas en la provincia de Chiriquí.