Quito, 26 nov (PL) Autoridades judiciales ecuatorianas reconocieron una reducción de 26 por ciento en las muertes por femicidio dentro del país, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

De acuerdo con la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, la disminución ocurrió a partir de 2013 cuando se logró incorporar el femicidio, como se clasifica a la muerte de una mujer por su condición de ser mujer, al Código Orgánico Integral Penal.

La ministra reveló la existencia de 59 casos de ese tipo de asesinato a nivel nacional desde agosto de 2014 hasta la actualidad, 13 de ellos ya tienen sentencia y el resto sigue en proceso de investigación.

Durante un acto en la Corte Provincial de Justicia de la costera provincia de Guayas, Zúñiga hizo un llamado a trabajar porque ninguna mujer más muera por este delito atroz.

La fecha de 25 de noviembre fue escogida por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en su resolución 54/134 de diciembre de 1999, en recordación del asesinato en República Dominicana de las tres hermanas Mirabal, por órdenes del entonces dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

Según datos de la ONU, el 70 por ciento de las mujeres sufren violencia en su vida a escala mundial.

El organismo internacional lanzó este año la campaña denominada 16 días de activismo contra la violencia de género que comienza este miércoles, día 25 de noviembre, y termina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

La campaña pretende hacer un llamado a los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, y los medios de comunicación para trabajar de manera conjunta en la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Representantes de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Electoral y Judicial en Ecuador firmaron el pasado 23 de noviembre un pacto, con el objetivo de contribuir a la eliminación de la violencia de género en este país suramericano y presentaron un Plan Nacional de Erradicación.

El proyecto plantea cinco ejes para trabajar en base a la transformación de patrones socioculturales arraigados, el fortalecimiento del Sistema de Protección Integral, mejorar el acceso a la justicia con el fin de evitar la impunidad, así como la construcción de un sistema único de registro de casos de violencia.