A punto de entrar en el segundo y definitivo debate en la Asamblea Nacional, el paquete de enmiendas constitucionales propuesto por la bancada mayoritaria de Alianza PAIS divide hoy a la sociedad ecuatoriana.

Mientras que por un lado los seguidores del proyecto político conocido como Revolución Ciudadana respaldan los cambios en la Carta Magna vigente desde 2008, sectores opositores convirtieron las propuestas en su nueva bandera para convocar a protestas y marchas contra el gobierno que lidera el presidente Rafael Correa.

De todo el paquete, los cambios que más polarizan a los ecuatorianos son los que proponen establecer la reelección indefinida para los cargos de elección popular, declarar la comunicación como un servicio público, y permitir que las Fuerzas Armadas, además de defender la soberanía e integridad nacionales, puedan apoyar en la seguridad integral del Estado.

Algunas organizaciones sindicales y obreras también rechazan la enmienda sobre los trabajadores y la disposición transitoria que otorga un plazo de 180 días al Parlamento unicameral para reformar la Ley Orgánica de Servicio Público, e incorporarle el derecho a la sindicalización y a la huelga, pero no garantiza la contratación colectiva.

En el caso de la reelección indefinida, los legisladores de PAIS aprobaron, a sugerencia de Correa, incorporarle una cláusula que impediría a las autoridades de elección popular que ya fueron reelectos una vez, competir en los comicios generales de 2017.

Con esta petición, el mandatario, en el poder desde 2007, se autoexcluye de buscar un tercer período de gobierno consecutivo, al tiempo que desarma los argumentos de sus detractores, que lo acusaban de querer eternizarse en el cargo.

En lo que a las nuevas funciones que tendrían las fuerzas armadas respecta, Correa asegura que no se busca que los uniformados reemplacen a la Policía en sus funciones de preservar el orden público, sino de complementar esas tareas.

La alianza gobernante también pretende homologar el régimen laboral para todos empleados del Estado, considerando a los obreros como funcionarios públicos sin distinción o discriminación, eliminando así cualquier diferencia entre obreros y funcionarios públicos, garantizando los mismos beneficios para todos.

Al respecto, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, refutó los argumentos opositores, y aseveró que los cambios garantizan el derecho de los trabajadores públicos y privados a sindicalizarse.

Ahora todas y todos los funcionarios del sector público vamos a tener el derecho a la organización sindical como base fundamental de la organización de trabajadores del sector público. Vamos a tener los mismos derechos laborales, expresó la líder parlamentaria al recibir ayer a varios movimientos sociales que llegaron hasta la sede del poder legislativo para expresar su respaldo a las propuestas.

De su lado, el legislador oficialista Fausto Cayambe les aseguró la víspera a los representantes del Parlamento Laboral y de la Central Única de Trabajadores que las modificaciones no afectan en nada los derechos laborales.

Yo vengo a decir que todos los derechos adquiridos por los trabajadores actuales se mantienen y van a seguir teniendo contratación colectiva. Las enmiendas son para el futuro, señaló el asambleísta, citado por la versión digital del diario El Telégrafo.

Además de estos encuentros recientes con actores de la sociedad civil ecuatoriana, el paquete de propuestas fue debatido en todo el territorio nacional durante los últimos meses.

Según Juan Carlos Cassinelli, presidente la Comisión Especial que se creó para el tratamiento de las enmiendas, en el transcurso del año se realizaron 148 encuentros, los que sumados a las 14 sesiones de la Comisión, completan 162 diálogos a nivel nacional.

Al respecto, afirmó que durante ese proceso se receptaron observaciones directamente desde la ciudadanía, actores públicos, privados, gremios de trabajadores, movimientos políticos y sociales.

Todas las solicitudes fueron atendidas, todas las personas que quisieron intervenir, lo hicieron, sin importar que tengan argumentos a favor o en contra de la propuesta; en todos los diálogos fueron invitadas las autoridades provinciales, asambleístas, prefectos, alcaldes, sin importar su procedencia política, recalcó el legislador.

Sin embargo, los detractores del gobierno, personificados mayormente en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se mantienen en sus trece, y se declararon en movilización permanente contra las enmiendas.

Ni siquiera la decisión unilateral de Correa de renunciar a una eventual reelección en 2017 los hizo desistir de sus anunciados planes de salir a las calles el día en que la Asamblea instale el segundo debate para aprobar los cambios a la Constitución, para demandar que se archiven las enmiendas, y se convoque a una consulta popular.

Si pasan las enmiendas, nos declararemos en desobediencia, y habrá que iniciar el camino de la resistencia hasta el alumbramiento de una nueva Constitución, amenazó el presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), Carlos Pérez, luego de participar en la manifestación de la semana pasada, donde al igual que en las protestas de meses atrás, y como para no dejar dudas de sus verdaderas intenciones, predominaron los gritos de "Fuera, Correa Fuera".