La Paz, 5 may (PL) El secretario general de la Federación de Personas con Discapacidad de La Paz, Edwin Cutili, pidió al sector movilizado aquí a desistir de sus medidas de presión. Decirles a los hermanos que estas medidas radicales no nos van a llevar a nada.

Les pido retomar el diálogo con el Gobierno e informarse más sobre los 42 puntos del acuerdo que firmaron el 29 de abril, declaró a la prensa Cutili.

En su opinión, hablar de un aumento no significa necesariamente un bono de 500 bolivianos (72 dólares), sino que podría centrarse en recibir medicamentos y alimentos.

Puntualizó que el acuerdo firmado por los representantes departamentales y el Gobierno nacional contiene importantes beneficios para el sector.

El viernes un equipo ministerial y representantes de organizaciones que agrupan a los minusválidos acordaron un plan de 42 puntos orientados a garantizar la atención, buenas condiciones de vida e integración social de esas personas.

Muchas de las personas minusválidas acampadas en el centro de La Paz, que arribaron el 25 de abril desde la central urbe de Cochabamba, abandonaron la movilización y retornaron a sus distritos.

Sin embargo, un grupo de ellos declinó firmar el documento y persisten en la exigencia del aumento del bono mensual.

Plantean además un referendo revocatorio al mandato del presidente Evo Morales y difunden amenazas de un golpe si su sector no es atendido.

Autoridades explican que incrementar a 72 dólares mensuales la ayuda mensual a los 67 mil discapacitados de todo el país resulta inviable.

Ello elevaría el monto presupuestado de 3,3 millones de dólares para pagar el bono a las personas con discapacidad grave y muy grave, a 54,9 millones de dólares, un aumento de más de mil 670 por ciento.

Dicha cifra es casi el mismo presupuesto que recibe el departamento de Cochabamba.

La víspera, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que intereses políticos copan las demandas de estas personas, al tiempo que expresó preocupación por la actitud violenta de los movilizados, además de la infiltración vandálica y la participación de actores políticos entre ellos.

Durante los últimos años, el Gobierno boliviano equipó unos 30 centros de rehabilitación y espera crear otros 17 en 2016 para individuos con limitaciones físico-motoras.

Además, desde 2015 se implementaron 22 programas productivos para estas personas en los nueve departamentos del país, con un monto de ocho millones 248 mil bolivianos (un millón 195 mil dólares).