Bogotá, 5 jun (PL) Promovido por agrupaciones campesinas, de indígenas y afrodescendientes, el paro agrario nacional cumple siete días de marchas y concentraciones en unos 100 puntos de Colombia, en tanto sus coordinadores y el Gobierno buscan soluciones.

Este sábado voceros de las plataformas Congreso de los Pueblos y Cumbre Agraria viajaron hasta Cali, capital del departamento Valle del Cauca, para conversar con el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, confirmó el grupo de prensa activado para difundir informaciones sobre la movilización.

Se trata de un primer paso a fin de establecer una mesa nacional de diálogo y perfilar la ruta rumbo a un encuentro con el presidente Juan Manuel Santos en días venideros, comentaron integrantes de ese mecanismo de divulgación.

Los manifestantes piden una revisión de los Tratados de Libre Comercio rubricados con varias naciones, a los que responsabilizan con la quiebra de pequeños productores; y la derogación de la ley Zidres, en virtud de la cual pudieran ser despojados de sus terrenos cultivadores de escasos recursos, dijeron promotores de la iniciativa.

Además, los reclamantes exigen frenar los proyectos mineros en sitios prominentes desde el punto de vista ambiental, reconocimiento de los tradicionales territorios agroalimentarios campesinos y respeto por la identidad de quienes viven en las zonas rurales.

Igualmente aseguran que el Gobierno incumplió compromisos, acordados luego de anteriores huelgas.

Iniciado el 30 de mayo, el paro pudiera fortalecerse desde la semana próxima con la incorporación de camineros a la movilización, añadió la misma fuente.

Según denuncias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), tres reclamantes murieron debido a enfrentamientos con la Fuerza Pública, específicamente con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), y más de 100 sufrieron algún tipo de lesión.

Informativos locales adelantaron que una comisión investigará las circunstancias en que fallecieron esas personas, en tanto impulsores de la marcha, defensores de derechos humanos y políticos demandan garantías para el ejercicio de la protesta social.

Mediante distintos portavoces, el Ejecutivo instó a mantener el orden durante las caminatas y actos; paralelamente varios ministros, encabezados por Cristo, viajaron a las regiones con el objetivo de analizar las peticiones y el cumplimiento de los pactos previos.

Más allá de las discusiones por localidades, queremos instalar una mesa nacional de concertación, insistió el Alto Consejero de la ONIC, Luis Fernando Arias, en declaraciones a Prensa Latina.