Cuando menos, suena discordante la idea de que Río de Janeiro pueda asegurar unos Juegos Olímpicos exitosos cuando la crítica situación financiera imperante obligó al gobernador en ejercicio, Francisco Dornelles, a decretar el estado de calamidad pública. El anuncio se produjo a solo 49 días de la inauguración de la magna fiesta deportiva universal y puso al descubierto que la deuda del gobierno regional asciende a 66 mil millones de reales (más de 19 mil millones de dólares) y para poder cumplir sus compromisos en lo que resta de año necesita unos cinco mil 588 millones de USD.

La situación es tal, comentó el diario digital Brasil 247, que el estado de Río de Janeiro no puede garantizar la conclusión de una nueva línea de metro que llevará al Parque Olímpico, ni tampoco el pago de las horas extras de los policías encargados de garantizar la seguridad durante el evento.

Según advirtió Dornelles, la crisis "puede ocasionar el colapso total en la seguridad pública, salud, educación, movilidad y gestión ambiental", además de que el pago de los salarios de los funcionarios públicos, atrasados este mes por segunda vez, también corre serio peligro.

Mas, al decretarse el estado de calamidad pública quedó abierta la puerta tanto para que el Gobierno Federal pudiera agilizar el desembolso de recursos adicionales, como para que las autoridades competentes adopten las "medidas excepcionales necesarias para racionalizar todos los servicios públicos esenciales".

Al respecto, un comentario difundido por la propia publicación alertó que el decreto gubernamental no pasa de ser "una mal disfrazada tentativa" de librar a la administración estadual de los compromisos y gastos esenciales y constitucionales requeridos en las áreas de salud, educación y asistencia social.

Nada diferente, por tanto, de lo que viene siendo hecho a nivel nacional por el gobierno golpista (encabezado por el mandatario provisional Michel Temer) que robó la silla de la presidenta Dilma Rousseff, acotó.

VERGÜENZA INTERNACIONAL

Una medida provisional publicada el 21 de junio en una edición extraordinaria del Diario Oficial anunció que el Ejecutivo brasileño concederá a Río de Janeiro una ayuda financiera de dos mil 900 millones de reales (más de 850 millones de dólares) para asegurar la seguridad pública durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

La medida, según el secretario del Programa de Inversiones del Gobierno, Wellington Moreira Franco, evitaría "pasar por esta vergüenza internacional" en momentos en que la imagen del país está tan mal, admitió.

De cualquier modo, y en opinión del alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, la crítica situación financiera estadual no afectará en nada los preparativos de la Ciudad Maravillosa con miras a la venidera cita olímpica.

En el municipio la situación financiera "es confortable", dijo Paes y recordó que las principales intervenciones en la construcción de las instalaciones deportivas y la infraestructura en movilidad urbana, con excepción del metro, son de responsabilidad de la prefectura.

El Comité Olímpico Internacional está muy tranquilo en relación con los preparativos de los Juegos. Ya están finalizando las obras del velódromo del Parque Olímpico y todo lo demás está muy bien encaminado, insistió en declaraciones amplificadas por el diario Estadao.

Con respecto a la seguridad en los Juegos, y según informaciones oficiales, Río-2016 contará con el mayor esquema de protección implementado en toda la historia de Brasil y compuesto por unos 85 mil efectivos, 38 mil de ellos procedentes de las Fuerzas Armadas.

Para garantizar la integridad de los deportistas, visitantes foráneos y de la población en aquellas ciudades que serán sede de las competiciones articularán sus esfuerzos los ministerios de Defensa, de Justicia y la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABI).

La integración de esos tres ejes posibilitará a nuestro país cumplir con la promesa hecha al presentar la candidatura, que fue garantizar un ambiente seguro y pacífico para los Juegos, sostuvo recientemente el asesor especial para grandes eventos de la cartera castrense, general Luiz Felipe Linhares.

El soporte a las acciones de seguridad pública nacional y regional, explicó, correrá a cargo de los Centros Integrados de Comando y Control (CICC).

Habrá uno nacional, en Brasilia, y otros en cada una de las cuatro regiones de competencias en Río: Barra, Copacabana, Deodoro y Maracaná; además, funcionarán pequeños centros en cada instalación deportiva, así como unidades para cuestiones específicas, como un centro de inteligencia para servicios extranjeros y otro de combate al terrorismo.