Santiago de Cuba, / ISSN 1681-9969

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Gobierno redobla acciones ante la sequía en Santiago de Cuba

Embalse "Para", construido en 1985 con una capacidad de embalse de 34,2 kilomeitros cuadrados, para acopiar las aguas en las montañas de la costa sur santiaguera del río San Miguel de Para, en Santiago de Cuba. ACN FOTO/ Miguel RUBIERA JUSTIZ/Archivo

En la provincia de Santiago de Cuba se redoblan las acciones ante la intensa sequía con vistas a resolver los problemas del presente y prevenir los futuros, debido a la complejidad del cambio climático que determina ese tipo de fenómeno.

La utilización lógica del agua corresponde a toda la sociedad y trasciende responsabilidades de los organismos encargados, dijo Alina Puig, vicepresidenta de la Comisión permanente de Salud, Higiene Comunal, Recursos Hidráulicos y Medio Ambiente de la Asamblea Provincial del Poder Popular.

Los integrantes de ese órgano aprobaron proceder con más rigor en el uso racional del agua, a tono con los esfuerzos del país para reducir daños con nuevas inversiones que interconectan acuíferos, abren pozos y plantas desalinizadoras, junto a la distribución en carros pipas.

Puig mencionó unos 200 asentamientos que no disponen del recurso y hay que llevárselos, a la vez que laboran en disminuir las quejas de la población por salideros en sectores hidrométricos, presión u obstrucciones, entre otros.

Los planes de Gobierno para proteger a los afectados incluyen, también, la venta de tanques y herrajes con una gran demanda e instalación de relojes en el sector estatal y residencial, además de perfeccionar el trabajo en el puesto de mando de Aguas Santiago para la atención al pueblo.

Todos los municipios afrontan las consecuencias de la intensa sequía, y el cabecera tiene mayor cantidad de personas perjudicadas ya que de las tres fuentes de abasto sólo utiliza el sistema de Quintero, situación que por primera vez se presenta en el territorio.

Luis Ángel Limonta, director provincial de Planificación Física, informó sobre la detección y enfrentamiento a piscinas en viviendas particulares, servicio no legalizado, según el Decreto ley 322 puesto en vigor desde enero de 2015.

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