El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, fiel a su historia de agresiones contra Cuba, anunció un supuesto “cargo criminal” contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana. Lo acusan, con una desfachatez insólita, de conspiración, destrucción de aeronaves y homicidio, en relación con un hecho ocurrido hace treinta años: el derribo, en febrero de 1996, de dos avionetas que violaron repetidamente nuestro espacio aéreo.
Pero aquí, en esta tierra de hombres y mujeres libres, una cosa debe quedar clara: ningún tribunal de Washington tiene jurisdicción ni legitimidad para juzgar a un cubano que defendió su Patria. Lo que el imperio llama “justicia” no es más que la enésima provocación política, un acto de vileza que desprecia el Derecho Internacional y atenta contra la soberanía de nuestra nación.
El gobierno de Estados Unidos, en su cinismo habitual, se cuida muy bien de contar toda la historia. Omite —porque le conviene hacerlo— que la organización “Hermanos al Rescate”, a la que pertenecían esas aeronaves, era una organización terrorista con sede en Miami que se dedicaba a violar sistemáticamente nuestro espacio aéreo.
¿Cuántas veces protestó Cuba formalmente? Veinticinco violaciones graves y deliberadas entre 1994 y 1996. Veinticinco veces nuestro gobierno acudió al Departamento de Estado, a la Administración Federal de Aviación (FAA) y a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para denunciar estas agresiones. Veinticinco veces Washington miró para otro lado.
La respuesta de Cuba no fue un acto de agresión: fue un acto de legítima defensa, amparado por la Carta de las Naciones Unidas y el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional. Cualquier país soberano habría hecho lo mismo. ¿Acaso Estados Unidos permitiría que aviones extranjeros violaran su espacio aéreo impunemente? La historia demuestra que no: han derribado aeronaves y asesinado a casi 200 personas en aguas internacionales, lejos de su territorio, sin más justificación que supuestos vínculos con el narcotráfico que nunca probaron.
La hipocresía del imperio es mayúscula.
A sus 94 años, el General de Ejército Raúl Castro Ruz es el blanco de esta infamia. Pero quienes creen que con estas mentiras van a doblegarlo no conocen la historia de Cuba. Este es el hombre que estuvo al lado de Fidel en el Moncada, que combatió en la Sierra Maestra, que dirigió las Fuerzas Armadas Revolucionarias durante décadas y que supo defender la soberanía de la Patria en las peores circunstancias.
El presidente Miguel Díaz-Canel no dudó en calificar la acusación como “una acción política, sin ningún fundamento legal”. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, la llamó “una farsa” y denunció que forma parte de una narrativa fraudulenta para justificar el recrudecimiento del bloqueo. El Consejo de Estado, en un documento firmado en La Habana, la rechazó como un “acto infame” que viola la dignidad de nuestra nación.
Y el pueblo, como siempre, está en la primera línea.
Esta acusación no es solo contra Raúl. Es contra cada cubano que ha defendido su soberanía. Es contra la dignidad de un pueblo que ha resistido más de sesenta años de bloqueo genocida. Es una cortina de humo para ocultar la verdadera agenda del imperio: destruir nuestra Revolución por cualquier medio.
Pero aquí tienen una noticia: no podrán.
El General de Ejército Raúl Castro Ruz no será juzgado por tribunales imperiales. La Patria no se entrega. La Revolución no se negocia. Y los hijos de esta tierra sabemos bien que la historia nos absuelve.
Que el imperio siga ladrando. Nosotros seguiremos avanzando.