Para entender el alcance de aquel momento hay que remontarse a 1953. En su alegato La historia me absolverá, Fidel Castro había identificado la vivienda como uno de los seis problemas centrales del país, junto a la tierra, la industrialización, el desempleo, la educación y la salud. Siete años después, con la firma de esta ley, el Gobierno Revolucionario declaró ante el pueblo y ante el mundo que el Programa del Moncada quedaba cumplido. No era una afirmación menor: el propio Fidel lo expresó en una intervención televisada al día siguiente, cuando dijo que la Reforma Urbana “se concibió desde la época del Moncada” y que era el único punto que faltaba de aquel programa.

La realidad que la ley buscaba corregir era cruda. En La Habana y otras ciudades, miles de familias vivían en cuarterías y solares sin condiciones de higiene, mientras pagaban alquileres que consumían entre un quinto y un tercio de sus ingresos. Un documento del Partido Comunista de Cuba describe la situación con precisión: la inversión privada en construcción se orientaba a la rentabilidad, no a la necesidad social. Se edificaban residencias de lujo para la burguesía en barrios como El Vedado o Miramar, mientras los obreros y artesanos se hacinaban en edificios deteriorados. La especulación inmobiliaria era, en palabras del propio documento, “brutal”.

El principio de la ley era simple y directo: quien pagaba alquiler durante quince, veinte o treinta años ya había pagado la casa varias veces y nunca llegaba a ser dueño. Fidel lo resumió así: “El principio fundamental de esta Ley era convertir en propietario de las casas a los arrendatarios”. Con esa lógica, la norma transfería la propiedad a los inquilinos, eliminaba el mercado de alquileres urbanos y establecía la creación de consejos provinciales de Reforma Urbana para administrar el proceso.

Los resultados no fueron inmediatos ni totales. Datos oficiales de 1962 indican que en apenas dos años se construyeron casi ocho mil viviendas, creció el fondo habitacional y disminuyó el hacinamiento en comparación con las más de setecientas mil casas en mal estado que existían antes. La ley también cambió la forma de valorar la vivienda, incorporando criterios de infraestructura, logística y entorno medioambiental. Sin embargo, las fuentes reconocen que la aspiración inicial aún no se ha concretado por completo.

Sesenta y cinco años después, la vivienda sigue siendo un tema central en Cuba. Las condiciones actuales —déficit habitacional, deterioro de edificaciones, dinámica demográfica y efectos del cambio climático— han llevado a debatir una nueva Ley de la Vivienda que se inscribe en la tradición iniciada en 1960. El debate actual reconoce que el derecho a la vivienda no se agota en la propiedad y amplía las formas de tenencia: arrendamiento, usufructo, habitación, comodato y propiedad horizontal, entre otras.

Aquel 14 de octubre de 1960 quedó marcado en la historia cubana como el día en que la vivienda dejó de ser una mercancía para convertirse, al menos en el papel, en un derecho. La ley no resolvió todos los problemas, pero estableció un principio que ha guiado las políticas habitacionales del país durante más de seis décadas: que el techo de una familia no debería depender de su capacidad de pago, sino de su condición de ciudadano.