No obstante, persiste una situación compleja en comunidades como Altamira, Sevilla, El Brujo y Rojas y otras tantas, donde los vecinos llevan más de 65 días sin recibir el servicio por la red, una realidad que comprende y comparte toda la provincia, y que exige el máximo esfuerzo y dedicación de nuestras instituciones.

Esta dificultad objetiva, originada por fenómenos climáticos extremos y por afectaciones eléctricas en estaciones de bombeo que aún se están resolviendo, se agrava por un fenómeno que llama a la reflexión colectiva: la contradicción que supone ver cómo, mientras unos barrios esperan el preciado líquido, en otros puntos de la ciudad se pierden volúmenes considerables de agua debido a averías y fugas visibles en la red, como las reportadas en zonas aledañas al cenizario Los Sauces y a la Universidad de Oriente, donde el flujo constante evidencia un desperdicio que no podemos permitirnos.

Estas fugas, lejos de ser un problema menor, representan un desafío adicional en medio de una batalla ya de por sí ardua por estabilizar el suministro.

Cada gota que se escapa es un recurso que no llega a los tanques de las familias afectadas, un esfuerzo de bombeo que se malogra y un llamado de atención urgente sobre la necesidad de optimizar cada eslabón del ciclo del agua.

La turbiedad del líquido, consecuencia de las intensas lluvias, y el proceso de desmontaje y protección de equipos ante los fenómenos meteorológicos, explicados por la empresa, son factores técnicos reales que han condicionado la respuesta.

La percepción ciudadana se resiente cuando conviven la carencia extrema y el derroche visible, pues mina la confianza en la gestión. Por ello, este momento crítico debe convertirse en una oportunidad para reforzar la acción conjunta y la exigencia interna. No basta con restaurar el servicio eléctrico y limpiar las fuentes de agua; es imperativo que la búsqueda y reparación de averías en la red de distribución sea una prioridad paralela y manifiesta.

La Revolución ha enseñado que las dificultades se vencen con trabajo unido, voluntad y control. La provincia y sus instituciones tienen el deber de redoblar la vigilancia sobre el recurso hídrico, movilizar todos los recursos técnicos disponibles para sanear las fugas y transparentar ante la población los esfuerzos que se realizan en esa dirección. Los santiagueros, conocedores de la magnitud del desafío, estamos dispuestos a comprender y apoyar, pero también a exigir que cada acción refleje la máxima responsabilidad ante un bien tan vital.

El agua es un asunto de máxima importancia para el desarrollo y la salud del pueblo; su gestión, por tanto, debe reflejar el más alto grado de eficiencia, celo y compromiso con el interés colectivo, erradicando cualquier sombra de indiferencia o burocracia. La unidad en torno a este objetivo no es solo una necesidad técnica, es un imperativo moral y revolucionario.