Rodríguez subrayó en su cuenta en la red social X que el criminal castigo que impone esa legislación a las familias cubanas viola los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, además evidencia el fracaso de la política estadounidense hacia la Revolución.

La Ley Helms-Burton tipifica limitaciones al comercio, a la realización de transacciones, a los viajes hacia y desde el territorio nacional, así como restricciones de la compraventa de propiedades en las que Cuba o ciudadanos naturales tengan interés.

Con su promulgación, se eliminó la posibilidad unilateral de levantar el asedio a la isla y estableció que este se mantendrá vigente hasta que exista en Cuba, lo que Washington denomina un gobierno de transición certificado por ellos mismos.

Las secciones tercera y cuarta de la Ley Helms-Burton se mantuvieron inactivas hasta 2019, cuando el presidente Donald Trump autorizó su puesta en práctica, con el fin de imposibilitar la normalización en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

De acuerdo con especialistas, la Ley Helms-Burton constituye, junto a la Torricelli (firmada en 1992), un enorme obstáculo para una relación estable, institucionalizada, perdurable e irreversible entre ambos pueblos.

Significan, asimismo, la violación de los principios de igualdad soberana y de no intervención en los asuntos internos de un Estado, contemplados por el Derecho Internacional como normas de obligatorio cumplimiento.