Según explicó su Coordinadora Nacional, Aizel Llanes, la plataforma acompañó en su diseño y aprobación la Política para impulsar el Desarrollo Territorial, que resulta el eje central y articulador de las agendas públicas de los gobiernos municipales y provinciales.

Como resultado del trabajo ya se implementaron 98 iniciativas de desarrollo socio-económico, con énfasis en la producción de alimentos, detalló la también directora del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas durante una conferencia de prensa en esta capital.

De ellas, el 60 por ciento propician articulaciones entre el sector público y privado, el 51 por ciento contribuyen a aumentar la igualdad de género y el 44 por ciento introducen innovación.

Además, se crearon seis mil 660 empleos, de los cuales el 60 por ciento son ocupados por mujeres y el 54 por ciento por jóvenes.

Por otra parte, se fortalecieron las capacidades de 16 mil 884 actores de gobiernos de todas las provincias y se institucionalizó un set de herramientas para la planificación y el apoyo a su gestión.

También se perfeccionó la comunicación para el desarrollo, con la certificación de la Web de Padit y el apoyo a 155 gobiernos municipales para fortalecer sus sistemas de comunicación en internet, apuntó.

Llanes recordó que la plataforma surgió en el 2014 con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y evolucionó desde un proyecto de cooperación internacional hasta una Política de Desarrollo Territorial, en un contexto marcado por la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social Cubano 2030, los Lineamientos de la Política Económica y Social y la nueva Constitución, entre otras normativas.

«La existencia de directrices específicas en función del desarrollo territorial y empoderamiento de los gobiernos locales en estas leyes y programas favorecieron la articulación de la plataforma y su engranaje con las distintas instituciones del país», comentó.

De este modo, Padit cuenta actualmente con dos prioridades estratégicas y seis áreas de trabajo.

La primera está dedicada a la gestión y gobernabilidad institucional multinivel y contempla el fortalecimiento de capacidades, el apoyo a las políticas públicas y la descentralización, el desarrollo de la participación ciudadana y la territorialización y el impulso de gobiernos abiertos e inteligentes, enumeró Llanes.

Mientras, las segunda prioridad se enfoca en el financiamiento del desarrollo económico local y productivo con énfasis en la inclusión social y la sostenibilidad, agregó.

Las áreas de trabajo aquí son el apoyo al proceso de financiamiento del desarrollo económico local por actores públicos y privados; y a la creación, implementación y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) con el acompañamiento de los gobiernos locales y los Centros de desarrollo local.

Entre los principales desafíos de cara al futuro, la Coordinadora Nacional identificó impulsar el proceso de descentralización de competencias, acompañar el programa nacional de fortalecimiento de capacidades, favorecer la asociación entre municipios y facilitar la Estrategia de Informatización de la sociedad.