La petición fue interpuesta por varias figuras de la política colombiana, ente ellas la excongresista Ángela María Robledo, ante la negativa de Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, para debatir con su rival sobre las propuestas de gobierno.

«La trascendencia nacional que implica la elección del presidente, el derecho de acceder a los medios de comunicación de los partidos, movimientos sociales, políticos y grupos significativo de ciudadanos, lleva implícito un deber frente al ciudadano de permitirle conocer a sus candidatos», señala el fallo.

Hernández se ha limitado a hacer su campaña electoral desde las redes sociales, incluso para la primera vuelta celebrada el pasado 29 de mayo donde resultó sorpresivamente el segundo candidato con más votos, detrás de Petro quien obtuvo más de ocho millones.

El debate tendrá que celebrarse en un plazo no superior a las 48 horas, tendrá 60 minutos de duración, y ser retransmitido por los canales de radio y televisión públicos de Colombia.

Lo cierto es que Rodolfo Hernández ha explicado por medio de las redes sociales sus propuestas de campaña en las cuales hace énfasis en la lucha contra la corrupción, lo que es considerado aquí como una verdadera incoherencia porque está imputado por delitos de ese tipo.

También en las redes se ha mostrado irrespetuoso y con un lenguaje soez y vulgar, con las mujeres, policías, militares, taxistas, entre otros.

Ha despotricado de la Virgen María, anunció que de ganar las elecciones cerraría embajadas y despediría a funcionarios públicos, al tiempo que ha mostrado un desconocimiento de la geografía de su país y de los organismos internacionales, de los cuales Colombia es parte.

El próximo domingo 19, Hernández y Petro se medirán en las urnas donde los colombianos depositarán su confianza para que uno de los dos dirija el destino del país.

Algunas encuestas dan una ventaja a Petro de 10 puntos por encima de Hernández y otras ofrecen un empate técnico, por el momento la mayor preocupación es la ausencia de una empresa que audite el software de la transmisión de votos, porque la Registraduría no hizo los contratos pertinentes.