Precios e inflación pueden controlarse

La función reguladora, inherente a cualquier Estado -aún en el capitalismo más salvaje-, resulta vital a la hora de evaluar un tema tan sensible y trascendente como es el de los precios, tarifas y otros relacionados con la economía. El Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, reflexionó ante el Consejo que lidera que “no se concibe que siendo el asunto de los precios abusivos uno de los principales planteamientos de la población todavía sea algo que no controlamos y las inspecciones son mínimas”.

Hay muchas prerrogativas que tienen los gobiernos locales para establecerlos en sus demarcaciones, pero las violaciones están presente tanto en productos de alto impacto como en el consumo social, lo mismo que en entidades estatales y en las no estatales. En la sesión Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, destacó que “se pretende monitorear más el efecto de las concertaciones y evitar la existencia de intermediarios y acompañar al pueblo, desde la responsabilidad que tienen los organismos y las estructuras locales de enfrentar el abuso, y jugar cada quien el papel que le corresponde, pero sobre todo con la efectividad que se demanda”.

Marrero Cruz enfatizó que aunque la solución radica en el aumento de las producciones para lograr que el salario tenga mayor capacidad adquisitiva ahora “hay que ir a un enfrentamiento contra los que abusan, contra los que especulan y contra los ilegales”.

Luego, el Jefe de Gobierno se reunió con los gobernadores de las provincias para “corresponder a la confianza del pueblo” y, en el tema de los precios definirlos de una vez y por todas y aplicar en cada municipio “el control al control”.

Resulta impostergable “establecer como sistema de trabajo el de un Gobierno en la calle, junto al pueblo, transmitiendo confianza y seguridad de que de este contexto adverso saldremos victoriosos”.

No olvidemos el artículo 19 de nuestra Ley de Leyes: “El Estado dirige, regula y controla la actividad económica conciliando los intereses nacionales, territoriales, colectivos e individuales en beneficio de la sociedad”.

Cuba ganó -otra vez-

Cuando, por primera vez, leí sobre la demanda del fondo buitre asentado en islas Caimán contra nuestro Estado la imagen que dieron los medios extranjeros fue que la suerte estaba echada a favor de los “acreedores”. A mi mente vinieron las del juicio de los fondos buitre contra Argentina en Nueva York en el 2012, y que el juez Thomas P. Griesa emitió un fallo a favor de estos, ordenando a la Argentina pagar la totalidad de lo reclamado.

Eso llevó a numerosas interpretaciones. Desde la extraterritorialidad del caso, las competencias de los tribunales de una nación con respecto a otra hasta la manipulación y el enfrentamiento a los gobiernos “no alineados con el capital financiero internacional”.

En nuestro caso, la jueza Sara Cockerill notificó a los abogados de las partes la sentencia que acoge el planteamiento sostenido por la parte cubana durante el proceso y desestima la reclamación de CRF. El documento, publicado en el sitio web de la Alta Corte, da constancia de que el BNC no cuenta con capacidad legal ni autoridad para representar al país.

En lo adelante el proceso continuará solamente contra el BNC, que presentó la apelación al tribunal según anunció, en una conferencia de prensa el día 5, el ministro de Justicia Oscar Silvera. Afirmó que el fondo buitre actuó de mala fe porque “existen documentos que prueban las intenciones de dañar al país y de afectar los flujos financieros de la economía cubana”. El titular señaló que Cuba es inmune a la jurisdicción británica, no teniendo obligación de responder con su patrimonio ante la demanda. En resumen, Cuba ganó con el fundamento de la verdad.

No en vano la Constitución, aprobada por la mayoría de los cubanos en el 2019, en su artículo 16, inciso a, “reafirma que las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o coerción” y en el c “sostiene su voluntad de observar de manera irrestricta los principios y normas que conforman el Derecho Internacional, en particular la igualdad de derechos, la integridad territorial, la independencia de los Estados, el no uso ni amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, (…) y los demás principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas”.

Los que el pueblo eligió tienen voz y voto

Consuelo Baeza Martín, presidenta de la Comisión de Candidaturas Nacional, comunicó que previo a la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se les está solicitando a los diputados que hagan llegar por escrito las propuestas de aquellos que, a su apreciación, pueden ocupar los cargos de la dirección de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que coinciden con la del Consejo de Estado así como sus otros 21 miembros; también las propuestas de candidatura para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República.

Baeza Martín resaltó que “todos los diputados están en igualdad de condiciones” y que la Comisión ha insistido sobre las atribuciones, las funciones y los requisitos para esos cargos. Además, en esta ocasión, tendrán la responsabilidad de designar, a solicitud del Presidente, a los miembros del Consejo de Ministros, y esa consulta también se les está haciendo, para que ellos den su criterio. Eso fortalece la democracia, aseguró y opinó que “hemos apuntado a que sea un proceso transparente, democrático y ante todo participativo”.

El pueblo cubano tiene el derecho de revocar cada cargo en cualquier momento, si quien lo ocupa falta a su responsabilidad y, sobre todo el mandato constitucional del artículo101 que otorga, entre otras facultades, la de “controlar la actividad de los órganos estatales, de sus directivos y funcionarios, de los diputados y de los delegados, de conformidad con lo previsto en la ley” (inciso b) sobre la base de: “la libertad de discusión, el ejercicio de la crítica y la autocrítica y la subordinación de la minoría a la mayoría rigen en todos los órganos estatales colegiados” (inciso g).

En Cuba, el estado no es elitista ni se divide en castas privilegiadas, está “organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible” (Artículo 1 de la Constitución). En Cuba, el estado soy yo, tú, él, “nosotros, el pueblo de Cuba”.