Sin embargo, a dos décadas de lo que calificó como una gran agonía, Mirtha se enteró de que en la antigua fábrica de tabacos de la ciudad radica el Complejo Jurídico del municipio; allí tienen sus sedes los registros del Estado Civil, de la Propiedad Inmobiliaria, la Notaría y demás empleados de la Dirección Municipal de Justicia.
Cuenta que al llegar al Complejo fue atendida por la recepcionista y conducida hasta las Oficinas del Registro del Estado Civil, la licenciada Loyda Santos atendió su caso, abrió el trámite y la citó tres días después; en el local contiguo, Yanelis Isabel León, del Registro de la Propiedad, calificó los documentos y le dijo que esa misma fecha pasara a recogerlos. Suzet Balbina Pérez -la notaria- le explicó que luego de la actualización de la propiedad asistiera a la oficina para realizar el acto de donación, apercibida de los sellos y el arancel a abonar.
En medio de las gestiones de la abuela, Mariela Medina, directora municipal, y Yoeslainy López, especialista en Derecho aquí, supervisaban la labor de cada departamento y se entrevistaron con Mirtha para conocer su criterio sobre el funcionamiento de la institución. La señora mostró satisfacción porque pudo, finalmente, realizar en el mismo lugar todas las gestiones que a inicios de los 2000 se le tornaron en una tormenta.
Yoeslainy le expuso a Mirtha que en el complejo también se expiden los antecedentes penales, actos de última voluntad y el cobro de la Caja de Resarcimientos, trámites que incluso pueden realizarse en el mismo día. Al cierre del 2022, y en pocos días, ya la anciana tenía en su poder todos los documentos que por largos años había necesitado.
Excepto Santiago de Cuba y Palma Soriano, que por su población y extensión territorial tienen dispersos dichos servicios, los restantes siete municipios tienen sus complejos jurídicos, por lo que alrededor del 40% de la población de la provincia no tiene que trasladarse hacia varios puntos para recibir la atención de registradores, notarios y demás funcionarios de las dependencias del Ministerio de Justicia que, dicho sea de paso, ya se encuentran en un proceso de digitalización.