Mención especial mereció el rechazo y condena –en nombre de esta nación, que ha sido víctima durante más de medio siglo de innumerables actos de esta naturaleza– de «todos los actos, métodos y prácticas terroristas, en todas sus formas y manifestaciones por quienquiera, contra quienquiera y dondequiera que se cometan, sean cuales fueren sus motivaciones, incluidos aquellos casos en los que hay Estados directa o indirectamente involucrados».

También puso énfasis en el desarrollo del ordenamiento jurídico del país, al explicar herramientas y resultados de trabajo que demuestran cómo la prevención del delito constituye una prioridad estratégica para la dirección del Gobierno y de las organizaciones sociales.

Además, reiteró el compromiso de la Isla con una batalla efectiva contra la trata de personas y los 56 acuerdos de cooperación internacional vigentes: 25 de asistencia jurídica en materia penal, 20 sobre traslado de sancionados y 11 de extradición.