Según la Gaceta Oficial No. 85, publicada este lunes, las normas derogaron la Ley de Minerales Combustibles de 1938 y la Ley 635 de 1959, y entrarán en vigor a los siete días de su publicación.

Dicho cuerpo legal regula la exploración, explotación, refinación, transportación, almacenamiento y comercialización del petróleo, gas y derivados en territorio nacional, plataforma continental y zona económica exclusiva, excluyendo los minerales combustibles sólidos.

   El Ministerio de Energía y Minas (Minem) quedó como órgano rector, mientras la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) ejercerá funciones regulatorias y gestionará el Registro Central Minero Petrolero.

   La legislación establece modalidades de participación mediante contratos de producción compartida, concesiones petroleras y contratos de servicios, con plazos de hasta 40 años prorrogables, adjudicados preferentemente por licitación.

   El Reglamento detalla el régimen fiscal, con recuperación de gastos de hasta 65 por ciento en tierra y aguas someras, y 75 por ciento en aguas profundas, además de cánones de superficie y regalías diferenciadas.

   Se flexibilizó la acreditación de compañías, reduciendo de cuatro a tres categorías y disminuyendo el capital de trabajo requerido de 20 a cinco millones de dólares, con el fin de facilitar la incorporación de nuevas entidades.

   Este documento refuerza la seguridad industrial, la protección ambiental y la responsabilidad objetiva de los operadores, imponiendo seguros obligatorios de bienes, responsabilidad civil y ambiental, con implementación paulatina en un plazo de hasta diez años.

   El Decreto 184 regula procedimientos de licitación, auditorías, cierre de pozos, entrega de información y contravenciones, con multas específicas para personas naturales y jurídicas.

   La Gaceta Oficial precisó que los contratos vigentes no se afectan, aunque sus prórrogas deberán ajustarse a los nuevos límites establecidos.

   Esta actualización del marco legal petrolero se inscribe en el conjunto de transformaciones económicas y sociales emprendidas por el país, orientadas a dinamizar la producción nacional y atraer capital foráneo en condiciones de seguridad jurídica. 

   Al ampliar las modalidades de participación y flexibilizar los requisitos de acreditación, el Gobierno busca incentivar la inversión extranjera en un sector estratégico, con el propósito de fortalecer la soberanía energética y contribuir al desarrollo sostenible de Cuba.