Esta ley le propina un nuevo golpe al sistema internacional de protección de la propiedad industrial y confirma el desprecio de Estados Unidos por las instituciones del derecho internacional, en particular, el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

La «Ley para no reconocer marcas robadas en Estados Unidos» brinda una patente de corso que ensancha el camino para consolidar el robo de marcas cubanas legítimamente registradas en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

La actitud del Gobierno estadounidense contrasta con la de las autoridades cubanas, que siempre han actuado con estricto apego a los convenios internacionales relativos a la propiedad intelectual de los que Cuba y Estados Unidos son parte. En la actualidad, 6 448 marcas estadounidenses están registradas y se protegen en Cuba.

Una vez más, el Gobierno de Estados Unidos brinda espacio a los intereses oscuros de los sectores anticubanos más agresivos, cuya manipulación del sistema político estadounidense se ha convertido en práctica. Lo mismo ocurrió en 1996, cuando se aprobó la infame y colonial Ley Helms-Burton, a la que algunos también llamaron Ley Bacardí.

Con gran participación en la redacción de la Ley Helms-Burton y la llamada sección 211, Bacardí comparte la responsabilidad del sufrimiento impuesto a Cuba por aquellos que no aceptan el rumbo de independencia y soberanía escogido por el pueblo cubano.

La Habana, 10 de diciembre de 2024