Arleen Labañino Carrazana, especialista en Comunicación de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), argumentó que uno de los principales desafíos radica en la obsolescencia de una parte importante de las redes, especialmente las de telefonía fija, cuyo mantenimiento y modernización resulta “extremadamente difícil y costoso” debido a la imposibilidad de adquirir directamente equipos o piezas con tecnología o componentes estadounidenses.

A esto se suma que muchas redes utilizan tecnologías antiguas cuyos componentes ya no forman parte del mercado habitual, por lo que deben encargarse específicamente a determinados proveedores, lo que incrementa considerablemente los costos. Las restricciones bancarias impuestas a Cuba también limitan las transacciones financieras internacionales, obligando a recurrir a intermediarios y proveedores en terceros países, lo que encarece aún más las importaciones.

La especialista subrayó que las telecomunicaciones constituyen la base tecnológica sobre la cual funcionan numerosos servicios y plataformas nacionales. ETECSA no solo brinda conectividad a la población, sino que sirve de soporte a instituciones como los Joven Club, plataformas informáticas, sistemas bancarios y numerosas entidades estatales y empresariales. “Cualquier limitación tecnológica, atraso en la modernización o afectación de la infraestructura repercute directamente en el desarrollo de otros sectores fundamentales para el país”, advirtió.

En ese sentido, indicó que aunque Cuba apuesta por la transformación digital y la informatización de procesos, ese avance requiere una infraestructura de telecomunicaciones robusta, moderna y estable. Cuando existen dificultades para acceder a tecnologías o sustituir equipamientos obsoletos, el impacto trasciende a ETECSA y alcanza a todo el ecosistema digital nacional.

Respecto al déficit de generación eléctrica, Labañino Carrazana explicó que todos los sitios tecnológicos funcionan con energía eléctrica, por lo que cualquier interrupción prolongada afecta directamente las telecomunicaciones. Ante esa realidad, desde febrero se desarrolla un amplio programa de instalación de sistemas fotovoltaicos en sitios tecnológicos de todo el país.

En Santiago de Cuba, precisó, comenzaron con gabinetes telefónicos y posteriormente extendieron la iniciativa a radiobases y centrales telefónicas en diferentes municipios. Aclaró que estos sistemas no sustituyen completamente el suministro eléctrico convencional, sino que contribuyen a mitigar los efectos de los apagones y ofrecer mayor autonomía operativa a instalaciones esenciales.

“La decisión de reorganizar las inversiones y priorizar la energía fotovoltaica respondió a una necesidad inmediata, al enfrentar riesgos reales de interrupciones masivas en los servicios. El último apagón general provocó que cerca del 80 por ciento de la infraestructura de telecomunicaciones quedara fuera de servicio, cifra que evidencia la magnitud del problema”, precisó la especialista.

Una de las expresiones más visibles del bloqueo es la restricción de acceso a plataformas digitales, aplicaciones y servicios que limitan o bloquean la conexión desde direcciones IP cubanas. “Es común encontrar mensajes que indican que determinados servicios no están disponibles para Cuba”, afirmó, lo que obliga a numerosas personas a recurrir a redes privadas virtuales o VPN.

“Esto demuestra que las afectaciones no se limitan a la adquisición de infraestructura tecnológica, sino que también impactan el acceso a herramientas digitales, servicios informáticos y oportunidades de desarrollo tecnológico para instituciones y ciudadanos”, añadió.

Pese a ese escenario, Cuba ha demostrado capacidad para encontrar soluciones creativas, “un paso importante es la decisión de garantizar el acceso gratuito a las plataformas educativas alojadas bajo el dominio .cu, lo que beneficia a estudiantes, profesores e investigadores que pueden acceder a contenidos académicos sin consumir datos móviles. También existen plataformas nacionales con recursos bibliográficos y educativos desarrollados por los ministerios de Educación y de Educación Superior”, acotó.

Sobre el vandalismo contra la infraestructura, Labañino Carrazana lo calificó como una de las afectaciones más sensibles para el sector. Recientemente ocurrió el robo de 75 metros de cable telefónico en una zona industrial de la provincia, lo que provocó interrupciones de servicios y la necesidad de movilizar recursos para su recuperación.

Estas acciones, puntualizó, no afectan únicamente a ETECSA, sino que impactan directamente a comunidades, familias y usuarios. Además, generan un dilema constante en la planificación de inversiones, pues si previamente fueron sustraídas baterías u otros componentes esenciales, resulta imprescindible destinar recursos a la recuperación antes que al desarrollo, “cada acto vandálico representa un retroceso que obliga a reasignar recursos y ralentiza los procesos de modernización”, enfatizó.

La Empresa trabaja de manera coordinada con el Ministerio del Interior y con las comunidades mediante acciones de vigilancia, recorridos nocturnos y medidas preventivas. La participación ciudadana es fundamental, concluyó, porque “cada instalación preservada significa mejores servicios para todos y mayores posibilidades de avanzar en el desarrollo tecnológico que necesita el país”, concluyó.