Sería un error imperdonable -y una forma de autocomplacencia peligrosa- mirar solo hacia el norte y cerrar los ojos ante lo que ocurre dentro de nuestras propias calles, barrios y comunidades. Las indisciplinas sociales se han convertido en una epidemia silenciosa que corroe los cimientos de la convivencia ciudadana. 

No hablamos solo de faltas leves o de pequeños desacatos. Hablamos de una cadena de comportamientos que van desde el irrespeto sistemático a las normas de cortesía común -como ceder el asiento a un anciano o respetar una fila-, hasta agresividad verbal y física en el transporte público, la venta ambulante sin control sanitario, el daño a inmobiliario urbano entre otras manifestaciones.

Estas conductas, vistas por separado, pueden parecer menores, pero en su conjunto configuran un paisaje de deterioro moral y material que empobrece el alma de la nación. Lo más alarmante es que encuentran terreno fértil en la indiferencia de muchos. Tanto el “no te metas”, pasando por el “eso no es conmigo”,  hasta “cada cual que se busque la vida”, se han convertido en principios amorales que se han instalado como códigos de supervivencia en una población cansada y desgatada por las carencias. 

Sin embargo, esa pasividad también una forma de complicidad. Cuando el ciudadano común decide no denunciar, no exigir, no actuar, está entregando el espacio público a la ley del más vivo, donde el que engaña, el que estafa, el que viola la norma, sale ganando a costa del que cumple. Y esa dinámica, alimentada por décadas de relajamiento y falta de exigencia, es la que hoy nos pasa factura.

El llamado de las máximas autoridades del país a retomar el camino del orden, la disciplina y la exigencia no es un discurso vacío ni una consigna más. 

Es una constatación de que hemos perdido terreno en la batalla cultural, y que sin un cambio de actitud profundo, ningún programa económico ni inversión extranjera será suficiente para sacar adelante el país. La familia, la escuela y la comunidad- triada fundamental de la formación ciudadana- tienen deuda pendiente con las nuevas generaciones, a las que no siempre se les ha enseñado el valor de lo colectivo, el respeto a lo ajeno y la importancia de aportar al bien común.

Pero hay un salto cualitativo aún más grave: cuando la indisciplina deja de ser un acto individual para convertirse en un delito organizado que atenta contra la infraestructura estratégica del país. En ese punto, ya no estamos hablando de un problema de educación o de convivencia; estamos hablando de sabotaje, de un acto que pone en riesgo la estabilidad de todo un territorio y la vida de miles de personas.

Es, precisamente, lo que está ocurriendo hace algunos meses en la provincia. Donde ciudadanos inescrupulosos han encontrado en el robo de aceite dieléctrico de los transformadores eléctricos un negocio sucio y letal. Este aceite, que cumple la función esencial de aislar y enfriar los equipos que regulan la tensión eléctrica, es sustraído de manera ilegal para ser revendido en el mercado negro, muchas veces en precios irrisorios para quienes lo roban, pero con un costo social altísimo para la población. Al quedar sin fluido eléctrico necesario, los transformadores se sobrecalientan, se queman y dejan sin servicio a barrios enteros durante  días o incluso semanas.

Y el daño no solo se limita a la ausencia de luz. En una provincia como Santiago de Cuba, donde el abastecimiento de agua depende en gran medida de bombas eléctricas, un apagón prologando significa también la interrupción del servicio de acueducto. Los hospitales, que requieren de energía estable para equipos de oxígeno, quirófanos y neveras de medicamentos, quedan a borde del colapso. Los pequeños negocios cierran, la inseguridad aumenta en los barrios oscurecidos y la calidad de vida de cientos de miles de santiagueros se desploma.

Lo más indignante de este hecho es que quienes comenten el delito conocen perfectamente el daño que provocan y han convertido el sufrimiento ajeno en su medio de vida.  Actúan con plena conciencia de que al vaciar un transformador están dejando un hospital sin energía, a una madre sin agua para su hijo, a un anciano sin refrigeración para sus medicamentos. Su lucro se construye sobre el dolor, y eso no es solo un delito penal: es una traición a la comunidad, a la Revolución y a la memoria de quienes construyeron este país con sudor y sacrificio.

Las principales autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, el tribunal, la Fiscalía y el Ministerio del Interior han desplegado operativos para desmantelar estas redes, pero la batalla no se gana solo con acciones policiales. Se necesita también que el pueblo santiaguero -y todo el pueblo cubano- asuma una posición vigilante y activa. No se trata de actuar como delatores por miedo, sino como ciudadanos conscientes de que la protección de los bienes sociales es una responsabilidad compartida. Cada transformador dañado, cada tubo de agua roto, cada luminaria apagada no es solo un problema de Estado, es un problema de todos.

La historia de Cuba está llena de ejemplos de heroísmo y resistencia ante enemigos externos. Pero hoy el enemigo también está dentro, y se disfraza de vecino, de oportunista, de “vivo”. La  lucha  contra la indisciplina social y el delito económico debe ser tan prioritaria como la lucha contra el bloqueo, porque ambos socavan la viabilidad de la nación. No podemos  permitir que el esfuerzo de todo un pueblo, que resiste y trabaja en medio de las mayores adversidades, sea destruido por unos pocos que anteponen su avaricia al bienestar colectivo.

No puede ser mañana -porque será demasiado tarde-, que recuperemos el sentido de pertenencia, de recordar que cada poste eléctrico, cada transformador, cada escuela y cada hospital son patrimonio de todos, y no botín de nadie. Santiago de Cuba, Cuna de la Revolución, no puede ni debe ser escenario de estas afrentas.

La indignación debe transformarse en acción; y la acción, en resultados. Si no cuidamos lo que tenemos, si no defendemos lo que nos pertenece, estaremos entregando a nuestros hijos un país más pobre, más oscuro y más desigual. Estoy convencida de que ese no es el futuro por el que lucharon nuestros antecesores ni el que merecemos quienes aún creemos en un mañana mejor.