Con los pies en la tierra y los ojos puestos en los códigos, el Grupo Científico Estudiantil “Género y Derecho” está construyendo, ladrillo a ladrillo, un puente entre la ley y la justicia real para las víctimas.

La violencia de género tiene cifras, direcciones y consecuencias concretas. Según datos oficiales, hasta octubre de 2023 se reportaron en el país 117 muertes violentas de mujeres. El 75% de estos crímenes ocurrieron en el mismo hogar que compartían con el agresor, dejando al menos a 70 niños y adolescentes en la orfandad.

Nuestra provincia se encuentra entre las de mayor incidencia en el país. Detrás de estos números hay un patrón de terror que va mucho más allá del golpe: es el control absoluto, el insulto sistemático, la humillación económica y la amenaza constante que, como relató una víctima, convierte la vida en “un control horrible y sofocante”. A menudo, el primer obstáculo que encuentran las mujeres es la desconfianza al denunciar.

Frente a este panorama, la respuesta no puede ser solo punitiva; debe ser, sobre todo, transformadora. Ahí es donde germina la semilla plantada por estudiantes como María Karla Reyes Mayet, coordinadora del grupo y estudiante de segundo año de Derecho.

“Nuestro objetivo es el estudio y el trabajo con grupos que enfrentan obstáculos para la realización efectiva de sus derechos”, explicó Reyes Mayet, quien destaca que el grupo nació precisamente a raíz del diagnóstico nacional sobre género. Su labor no es teórica; es clínica y experiencial.

No se encierra en las aulas de la Universidad de Oriente, sino que sale a las comunidades impactadas para observar de cerca “las diferencias abismales entre el derecho recogido en los códigos y su aplicación material”.

Esta formación, multidisciplinaria al integrar a futuros abogados, psicólogos y comunicadores, busca forjar no solo profesionales, sino ciudadanos y gestores sociales conscientes de que la abogacía es, ante todo, un instrumento para defender la dignidad.

El papel de la Universidad de Oriente, en este contexto, es fundamental y va más allá de la formación académica. Se convierte en un laboratorio de conciencia crítica y en un actor comunitario directo.

El nuevo Código Penal cubano establece que cualquier delito con el agravante de violencia de género puede incrementar la pena hasta en un tercio. Las conductas violentas probadas pueden acarrear la pérdida de la tutela de los hijos, la limitación de la comunicación con ellos e incluso la pérdida de bienes en procesos de divorcio. Pero una ley, por sí sola, no protege.

La verdadera protección nace cuando hay confianza, cuando una mujer sabe a quién acudir y es creída. Por esto, el trabajo del grupo “Género y Derecho” es vital: acercar la asesoría jurídica, tender una mano profesional y solidaria que acorte la brecha entre el derecho y quien lo necesita.

La labor de concientización y acompañamiento desde la academia se vuelve primordial. Cada estudiante de la UO que aprende a escuchar a una víctima sin juzgarla, que comprende la interseccionalidad de un problema que golpea con más fuerza a mujeres negras, madres solteras o de escasos recursos, está contribuyendo a cambiar la cultura.

El pasado 25 de enero, el llamado a la no violencia fue también una convocatoria a la acción y a la educación sensible. La Universidad de Oriente, a través de iniciativas como el grupo “Género y Derecho”, está demostrando que la lucha contra este flagelo comienza en las aulas, pero no termina ahí.

Sale a las calles, llega a las casas, se pone al lado de los más vulnerables y recuerda, con hechos, que el derecho solo existe cuando se ejerce. En ese puente entre los libros y la vida, en ese intento por hacer realidad lo escrito, se juega el futuro de una sociedad que aspire, verdaderamente, a la igualdad.

Para la atención integral al flagelo, contamos el Programa de Adelanto de la Mujer, aprobado por Decreto Presidencial en 2021; la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia; el Código de Procesos; la Ley de Proceso Penal; el Código Penal, y el Código de las Familias, aprobado en plebiscito el 25 de septiembre de 2022.