No se trata de un hallazgo investigativo, pero como los submarinos nucleares del magnate, las revelaciones periodísticas del reaccionario Andrés Oppenheimer, sobre el presente y futuro inmediato de la cacería humana en la nación norteña, confirman el rumbo fascistoide y racista de planes, presupuestos y acciones que se anuncian o se filtran diariamente en un maremágnum de intimidaciones, mentiras, advertencias, ataques, manipulaciones o noticias falsas generadas desde la Casa Blanca.

Desde el propio título se denuncia que detrás de la fiebre de deportaciones masivas, que mantiene en vilo a millones de inmigrantes en ese país, se enriquece «el poderoso complejo industrial de las prisiones privadas», un grupo que está feliz, y sigue llenando sus cuentas multimillonarias con el pánico y el mal de los demás.

Expertos en el tema consideran que las medidas impuestas por Trump crean un sistema de detenciones masivas, que será muy difícil desmantelar tras la partida del magnate del poder. Se afirma que las gigantescas empresas de cárceles privadas –y sus proveedores en la industria del transporte, salud, control electrónico y alimentación– tendrán un interés permanente en cabildear en Washington, para que se continúen las deportaciones, incluso si eso perjudica la economía estadounidense o genera crisis humanitaria.

Aun cuando no son públicas las cifras del monto real de las ganancias de esa industria racista, lo que sí salió a la luz es que tendrán el futuro asegurado con los 170 000 millones de dólares que destina la denominada Ley Grande y Hermosa de Trump, recién aprobada, para la captura y deportación en los próximos cuatro años.

Asimismo, comprende 45 000 millones para construir nuevos campos de concentración de inmigrantes, a los que se sumarán los fondos que diferentes estados están concibiendo para esos fines.

Eso quiere decir que la industria de las cárceles privadas, las corporaciones que se benefician de las deportaciones masivas y demás vividores del caos migratorio actual en EE. UU., tendrán a su disposición presupuestos superiores a los designados para el FBI (11 000 millones) o la CIA (15 000 millones), de acuerdo con lo informado.

Según el centro de estudios Prison Policy Initiative, en la actualidad se favorecen de encarcelamientos masivos alrededor de 4 000 empresas estadounidenses, y el 70 % de los migrantes detenidos está en centros manejados por corporaciones privadas.

Otra evidencia del cruel negocio es que las acciones de las principales empresas de penitenciarías privadas se han disparado con la presidencia de Trump. Prueba de ello son geo Group y CoreCivic, que crecieron con las políticas migratorias del magnate en más del 61 % y del 41 %, respectivamente, lo que confirma que «el complejo industrial carcelario está en plena expansión», mientras crece la economía del confinamiento, al amparo del neofascismo.

No es casual que geo Group, con sede en Florida, haya contribuido, desde hace décadas, a la carrera política del secretario de Estado Marco Rubio. Al mismo tiempo, es una corporación que ha gastado millones en cabildeo en el Congreso, a favor de las causas más conservadoras y reaccionarias.

En 2016, geo Group aportó casi 190 000 dólares a su candidatura presidencial, luego de haber recibido un contrato estatal por 110 000 000 de dólares, coincidiendo con el periodo en el que Rubio presidía la Cámara.

La verdad preocupa cada vez más, y la prensa internacional, incluso la aliada de EE. UU., se hace eco de la denuncia al insistir en que la oligarquía de la maquinaria de las deportaciones de Trump se enriquece a costa del sufrimiento de los inmigrantes, pues detrás de cada nuevo centro de detención y de cada redada, hay intereses económicos poderosos que se benefician del dolor de la gente.