A diario, la ciudadanía anhela respuestas y soluciones, y entre tantas se destaca que el control de la inflación en las tarifas del transporte público, no admite más demoras ni paños tibios, ya que existen mecanismos para regular.

De manera que, como los santiagueros necesitan trasladarse por disímiles motivos, se enfrentan a un escenario donde la especulación y el abuso parecen ser la norma. Se ha perdido el respeto por los precios y la condescendencia para con los demás.

Ahora se habla de precios acordados –no topados-, pero en la práctica nadie le pone el cascabel al gato y el descontrol impera en algunas estructuras destinadas a cumplir y hacer cumplir la Ley.

Si bien es cierto que el sector privado suple, desde hace mucho, las limitaciones que -por conocidas causas- tiene el servicio estatal, esto no puede convertirse en una licencia para abusar.

Los transportistas argumentan que los costos de mantenimiento y de combustible los obligan a elevar las tarifas, pero la realidad es que la brecha entre lo que se debe cobrar y lo que finalmente se exige es abismal e injustificable.

La falta de control de algunos, no es solo una carencia, es una complicidad tácita que permite que el precio del pasaje se dispare sin que a los que en primera instancia les toca, asuman la responsabilidad.

Se necesita una acción enérgica de las autoridades del sector -aparejada con su presencia efectiva y continua- que haga cumplir lo normado y que termine con la burla de la legalidad que se vive en rutas urbanas, suburbanas e intermunicipales.

No se trata de restringir a un sector que hoy es vital para la movilidad, sino de entender que el pueblo no puede seguir siendo el eslabón más débil de esta cadena.

En muchas ocasiones se pone al viajero (cliente) no en la posición de beneficiado de un servicio por el que paga con creces, sino del que recibe el “favor” de transportarse bajo el irreverente argumento de que “si no te conviene no te montes”. Urge una acción integral: mayor fiscalización, acuerdos de precios justos que partan de un análisis realista de costos y, sobre todo, de la voluntad de resolver un problema que golpea la economía de las familias y la estabilidad de la provincia.

El transporte es una necesidad básica que debe ser garantizada con orden, respeto y justicia social; hasta en los vehículos eléctricos y de tracción animal imponen precios exorbitantes.

La premisa es actuar en correspondencia con las atribuciones de cada nivel de dirección, en función del pueblo, ese al que no pueden, impunemente, vulnerarle sus derechos.