Promulgada apenas cinco meses después del triunfo de la Revolución, esta ley materializó una promesa histórica de Fidel Castro: arrancar de raíz el latifundismo y el dominio extranjero sobre la tierra, pilares de la desigualdad en el Cuba prerrevolucionaria.

La ley, con su límite de 30 caballerías por propietario, redistribuyó más de 100 mil tierras entre campesinos, acabó con el monopolio de terratenientes (donde el 1,5% de dueños controlaban casi la mitad del territorio nacional) y expropió a empresas extranjeras, principalmente estadounidenses. No fue una simple redistribución: fue un acto de soberanía. Al nacionalizar tierras en manos foráneas, Cuba desafió abiertamente los intereses geopolíticos de Washington, anticipando el conflicto que marcaría las décadas siguientes.

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), liderado por el propio Fidel, se convirtió en el brazo ejecutor de esta transformación. Su misión no se limitó a repartir parcelas; buscó modernizar el campo, sustituir el monocultivo de la caña (herencia colonial) por una agricultura diversificada, y crear cooperativas que fusionaran la producción a gran escala con técnicas sostenibles. El objetivo era claro: sacar al campesinado de la miseria, eliminar la aparcería (un sistema semifeudal) y construir una base económica autosuficiente.

Dos años después, en 1961, nació la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), un actor clave para cohesionar al sector rural en torno al proyecto socialista. La ANAP no solo agrupó a campesinos; fue un instrumento de defensa contra las agresiones externas y un canal para implementar políticas como la segunda Reforma Agraria de 1963, que redujo aún más el tamaño máximo de las propiedades privadas (5 caballerías) y amplió el control estatal.

La Reforma Agraria fue, sin duda, un avance social sin precedentes: alfabetizó al campo, llevó servicios médicos a zonas olvidadas y rompió cadenas de explotación centenarias. Sin embargo, su éxito económico fue desigual. La industrialización acelerada y los errores en la planificación centralizada, sumados al bloqueo estadounidense, limitaron su potencial. Aún así, sentó las bases de un modelo que priorizó el bienestar colectivo sobre el lucro individual.

La primera Ley de Reforma Agraria no solo cambió la tenencia de la tierra; reescribió el contrato social cubano. Fue un acto de justicia, una declaración de independencia y, sobre todo, la semilla de un proyecto que aún hoy (entre logros y adversidades) busca mantener viva la utopía.