Según refirió Clemente Couso, geriatra, la fragilidad y dependencia de otros sujetos convierten a los adultos mayores en víctimas frecuentes de maltratos, de ahí la necesidad de condicionar espacios de estabilidad y seguridad.

Mencionó las múltiples patologías, daños cognitivos y situaciones de discapacidad física entre las condiciones de mayor suceptibilidad, y calificó la problemática como un fenómeno sociocultural, dada la tendencia a asociar a los abuelos con la debilidad.

Marliuvis Hinojosa, especialista de la Fiscalía en el territorio, significó los avances legales en función de amparar a sujetos de la tercera edad y responsabilizar a los familiares de su bienestar, evidentes en la aprobación del Código de las Familias el pasado año.

Destacó el monitoreo trimestral a hogares de ancianos y casas de abuelos por parte de la institución jurídica, para evaluar las condiciones de vida de los beneficiarios, y la apertura de un departamento dedicado a asuntos familiares y jurisdiccionales.

De acuerdo con Yiseilis Ferrer, responsable de Prevención, Asistencia y Trabajo Social en la provincia, constituye prioridad la atención a estos sujetos en situación de vulnerabilidad, en respuesta a la política demográfica del país.

Aseveró el funcionamiento de equipos multidisciplinarios de amparo a los más susceptibles y establecimiento de una red de cuidadores para adultos mayores solos o en situación social de desventaja entre las principales acciones del sector.

La Carta Magna aprobada en febrero de 2019, en su artículo 88, defiende la protección a la población anciana y el derecho a una vejez saludable y digna, en tanto condena las prácticas discriminatorias por cuestión de edad.