Diversas cuestiones atizan el debate social: una es la novedad, pues para la mayoría de los cubanos (los nacidos después de 1959), varios de los términos que se manejan, estructuras económicas que se proponen e impactos estimados como transitorios en el proyecto de sociedad que construimos, son desconocidos.
Otra, es la expectativa pública ante el “poco” aporte al desarrollo del país que tuvieron cientos de medidas aplicadas en los últimos 10 años, tanto las más generales, como  dirigidas a sectores específicos de la economía, como la Agroindustria Azucarera,  la Agricultura y otros.
Vale aclarar que, sobre este tema, ninguna opinión emitida desde una perspectiva constructiva, y fruto de la preocupación por el futuro del país, puede ser autocensurada ni descalificada, sino enviada a través de las plataformas digitales establecidas con ese fin.
No obstante, una cosa será lo dicho y otra lo hecho, si no se aplica rigurosamente lo aprobado -con apego a las nuevas normas jurídicas que lo regirán-, y a los mecanismos de control establecidos para conducir el proceso de forma acertada y segura.
De igual modo, no podemos olvidar que es el bloqueo económico, comercial y financiero aplicado al pueblo de Cuba por el gobierno de Estados Unidos, el principal escollo para el éxito de cuantas medidas, normas y transformaciones soberanas apliquemos.
Tampoco perdamos de vista que esta valiente decisión de la dirección del país, consultada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, se toma en el contexto de amenazas de agresión armada, guerra mediática o comunicacional y una escalada sin precedentes en el bloqueo, esta vez en el sector energético.
Ante tal escenario, trasciende la unidad del pueblo en función de salvaguardar su soberanía y  autodeterminación, como la principal fortaleza. Pero no se trata de unidad espontánea, sino alimentada con el conocimiento y estudio minucioso, el análisis de las transformaciones aprobadas, y la confianza en la dirección de la Revolución.