Partimos del más reciente informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), que señala que el índice de precios al consumidor en el país aumentó un 2,56 %, y registra una inflación interanual del 20,70 %. Los alimentos continúan siendo la mayor preocupación, los que subieron en un 3,51 %, y cuestan un 26,36 % más que hace un año.

Entre los productos con mayores aumentos aparecen el aceite comestible, con 19,95 % en un solo mes; el pan largo, 13,16 %; la cerveza, 12,87 %; la leche condensada, 10,87 %; y las salchichas, 10,49 %. La carne de cerdo subió otro 3,63 % y el arroz 2,99 %.

En nuestra provincia el panorama muestra realidades marcadas por la compleja situación económica, agravada por las sanciones impuestas al país, que inciden directamente en que el costo de vida continúe aumentando y nos afecte a todos.

Estos datos demuestran la necesidad de mantener un chequeo constante a todos los actores económicos, para lograr equilibrios y que no se continúe torciendo el objetivo con el que se ampliaron las formas de gestión no estatal.

Una realidad que agobia

“Después de que se aprobaron las 176 transformaciones económicas y sociales, y se eliminaron los precios topados, no hay quien compre nada, hasta el picadillo ya está en más de 500.00$ la libra y ni hablar del resto de los cárnicos”, dijo una profesora de Marxismo de la Universidad de Oriente, que prefirió el anonimato.

Para Reyna, jubilada del sector presupuestado, aunque “subieron el monto de la chequera, la cuenta no me da; si compro pollo, no puedo adquirir huevo y mucho menos un litro de aceite”.

Roberto, constructor del sector estatal, manifestó que “se adoptan medidas, se hacen operativos, se aplican multas, pero el cuartico sigue igualito”. Igualmente, Sonia afirmó que “las mipymes más bien nos exprimen el bolsillo”; Eduardo, trabajador de la Salud, expuso que “el pago del salario por vía electrónica es un problema.

No tenemos dinero, dondequiera que usted va, no aceptan transferencia y los cajeros no funcionan o no tienen dinero, de modo que teniendo poder adquisitivo, no podemos llevar comida a la mesa”.

Luisa encontró muy acertada la iniciativa de Acopio, de que ya se pueda comprar por transferencias en los agro, “pero ahora hay otro problema, no puedes comprar las libras que se necesitan, y después de las 11:00 a.m. no aceptan pago electrónico ¿están imitando a los cuentapropistas?”.

Muchos otros criterios se dejan escuchar en paradas, ómnibus, entre vecinos, compañeros de trabajo, y en general en la sociedad santiaguera; ellos sienten preocupación por la carestía de la vida, principalmente de los alimentos básicos y el no contar con una forma de pago que los beneficie.

Realmente es esa una de las caras de la moneda; en la otra están los ‘nuevos’ actores de la economía cubana, ese sector privado que en un principio nos mantuvo escépticos y hoy estamos convencidos, de que a pesar de sus imperfecciones, sostiene las ofertas, tanto alimenticias como de servicios.

Ellos también tienen opiniones en cuanto a su desempeño; al conversar con algunos, casi al unísono, advirtieron. Rafael encuentra “muy difícil, aceptar el pago completo en transferencia por una prestación ¿por qué? Cuando voy a realizar mis compras para el negocio, las mipymes que son muy pocas en Santiago de Cuba, no me venden en esa modalidad y los TCP repiten la historia.

“Estoy consciente de que los TCP no pueden ejercer la actividad comercial, se convierten en revendedores de primera, segunda y… mano, pero tampoco hay almacenes mayoristas donde podamos abastecernos. Otro de los problemas a los que nos enfrentamos cada día es que en esos lugares nos exigen billetes con el valor de 50.00 pesos en adelante.

“Para nosotros todo no es color de rosas. Otro inconveniente que nos afecta, son las visitas de los inspectores, sé que cumplen con su función, pero en ocasiones son irracionales, si ven que mi cuenta fiscal ingresa de forma constante, si tengo mi Código QR visible y al llegar mi trabajadora está cobrando la mitad en efectivo, que insisto sé que es una violación, pero no me queda de otra, es una situación que todo el mundo conoce, por qué entonces imponerme una multa de 60 000 y hasta 70 000 pesos”.

De igual forma, Julio dijo que el Banco “no nos garantiza el efectivo necesario; extraer dinero se convierte en un gran dilema, y a diario recibimos estas respuestas:

‘no tenemos efectivo’, ‘solo podemos darle tanto’, casi nunca logramos nuestro objetivo, y como en casa, también programamos la economía, productos por comprar, trabajadores a los que hay que pagarles, roturas que hay que resolver al instante, y entonces nos vemos obligados a buscar al que cambia al por ciento que entienda, para poder satisfacer una necesidad inmediata y por tanto, al final de esta cadena quienes pagan son nuestros clientes, que deben sufragar altos precios por productos necesarios”.

Otros entrevistados insistieron igualmente en la necesidad de que exista una importadora radicada en el territorio y se inserte al puerto santiaguero en la descarga de esas mercancías, pues hoy deben pagar sumas millonarias a los representantes de las importadoras para poder priorizar la extracción de los contenedores de El Mariel, mientras aquí, añadió José, el puerto fabricado por los chinos está subutilizado, y así se abaratarían los costos para nosotros y para los clientes y ganaríamos todos”.

Control más allá de una visita

Ante esta realidad en la que unos cumplen y otros continúan buscando justificaciones para seguir violando normas, leyes, decretos y resoluciones, se imponen las acciones de enfrentamiento para lograr una mayor disciplina y control.

En la provincia un equipo multidisciplinario integrado por funcionarios del Partido, el Gobierno, Fiscalía, Finanzas y Precios, Higiene, Contraloría, Auditores, Inspectores de Supervisión e Inspectores de Inotu, y el Minint, hace varias semanas desarrolla un ejercicio de comprobación.

El resumen de esa labor arrojó 1 099 violaciones en los 2 409 negocios privados inspeccionados, por lo que se aplicaron diferentes multas de acuerdo con los decretos correspondientes, que alcanzaron un importe general de 4 079 072.00 de pesos.

De igual manera, se realizaron ventas forzosas (100), decomisos (9), retiros de proyectos (8), cierre de establecimientos (14); apercibimientos (634), enfrentamiento a ilegalidades (515) y se recepcionaron 165 denuncias.

De igual forma se procedió al decomiso de equipos y mercancías de una panadería ilegal y de un tractor cargado de maíz en Contramaestre. Asimismo se realizó la venta forzosa de 300 sacos de carbón que eran trasladados sin documentos.

En el municipio de Palma Soriano se realizó una venta forzosa de pollo, picadillo y productos de aseo, al igual que de 15 kg de pollo que se comercializaban a 660 pesos y 25 litros de aceite a 3 500, en el municipio cabecera.

Entre las principales violaciones detectadas figura el no contar con facturas de los productos que se comercializan, existencia de facturas y documentos primarios como comprobantes y conduces sin los datos de uso obligatorio, no tener los contratos de los trabajadores ni el carné de Salud actualizado.

Asimismo se pudo constatar el incumplimiento de los tributos de los trabajadores contratados, violación de la política de precios, incumplimiento de las obligaciones fiscales, la no utilización de las pasarelas de pagos electrónicas, aceptación del pago por transferencia incrementando los precios de los productos o limitando su compra, sin incluir los de primera necesidad; el engaño al consumidor, entre otras.

Del mismo modo, se observó inestabilidad en los depósitos en el Banco según las frecuencias convenidas, ausencias de los precios en las pizarras informativas, equipos de medición no calibrados, salarios por debajo de la media establecida y el vector fiscal desactualizado.

A su vez, se observaron algunos negocios cerrados durante la inspección, como los del consejo popular Altamira, en el municipio cabecera. En otros hubo la negativa a dar información y documentación a las autoridades (Segundo

Frente y en el municipio cabecera), y fue notable la ausencia de los socios y dueños de proyectos, lo que provocó que no se pudieran inspeccionar los negocios.

Queda del sector no estatal el cumplimiento de lo establecido; a la vez, estas fiscalizaciones deben ser constantes, no por campañas u orientación, teniendo en cuenta que las nuevas oportunidades y posibilidades dadas a los actores económicos les permiten su desarrollo y participación en la economía del país, sin necesidad de poner precios abusivos.

Los objetivos propuestos en las 176 transformaciones económicas y sociales, agrupadas en los 23 ejes temáticos de la política del Estado y el Gobierno, presuponen un proceso político que reconfigura las relaciones entre la propiedad privada y el estado en cuanto al papel del mercado y la planificación de la vida cotidiana, y les asegura aportar de forma sostenida a las prioridades económicas y sociales que urgen en el país, y contribuir de manera decisiva al bienestar de la población.

Aunque muchos coinciden en que estos enfrentamientos no resuelven el problema, algunos de los entrevistados agradecen la voluntad estatal de proteger el poder adquisitivo de la población, demostrativo de que, como expresó nuestro Comandante, hay que cambiar todo lo que deba ser cambiado, sin renunciar a nuestros principios.