Liliana Sanz Arias, Jefa de la Oficina de Multas en la Dirección Provincial de Finanzas y Precios, informó que entre las 37 080 pendientes de cobro en el territorio, 21 282 están fuera de término y representan 59 millones de pesos. De estas, 10 726 multas corresponden a infracciones relacionadas con la pandemia.

Obedecen a las regulaciones del Decreto No. 31/2021, aplicado hasta mayo de 2022. No obstante, aquellas impuestas con anterioridad y que aún no han sido saldadas, continúan siendo válidas.

“Esta situación demanda conciencia y disciplina por la población, el pago constituye una obligación que debe cumplirse.

Además, las infracciones pudieron elevar la incidencia de la Covid- 19 y no puede permitirse la impunidad”, valoró la especialista.

En ese sentido, se están realizando operativos conjuntos entre los organismos impositores y las direcciones de Finanzas y Precios, bajo el liderazgo de los consejos de la administración. Ante la negativa del deudor, la última instancia es presentar su expediente al Tribunal.

Para evitar las medidas administrativas y judiciales, todos los infractores deben acudir voluntariamente a las Oficinas de Gestión y Cobro de Multas ubicadas en los municipios, durante los 30 días naturales previstos. Sanz Arias explicó que después de ese término la multa entra en apremio y duplica su valor.

“El municipio cabecera cuenta con cuatro establecimientos, distribuidos para atender a las personas por distrito, esto propicia una acción más directa e integral, facilita el pago y la realización de otros trámites relacionados con la actividad”, igualmente, señaló que es posible acudir a cualquier oficina del país.

Si los ingresos del deudor son insuficientes, allí puede solicitar un convenio que permita abonar la cuantía en mensualidades. Desde el pasado año, la aplicación Transfermóvil también posibilita el pago de multas contravenciones y de tránsito.

Aunque al concluir diciembre el cobro tuvo un comportamiento favorable y alcanzó el 89.68%, los municipios de Santiago de Cuba y Palma Soriano poseen la mayor cantidad de procesos pendientes, con 14 568 y 4 872, respectivamente. De igual manera, son los que concentran más deudores a partir de la aplicación del Decreto No. 31/2021.

El importe total de las multas pendientes representa el 2.4% de los ingresos cedidos en el territorio, que respaldan gastos sociales como la Salud, Educación, Cultura, Deporte y la Asistencia Social.

Además de la finalidad pública de su recaudación, Sanz Arias insistió en que sobre todo contribuye a la responsabilidad ciudadana y al apego a la legalidad.