Durante la última rendición de cuentas la Asamblea Nacional hizo un grupo de recomendaciones a raíz de las cuales los fiscales santiagueros están trabajando por elevar la calidad de los procesos penales, de la atención a la población, de las acciones de control a través de las verificaciones fiscales y sistematizar la participación de los Diputados en dichos procesos.

Con el fin de controlar y chequear sistemáticamente el resultado de la implementación de las recomendaciones, se elaboró un plan de acción a través del que se evalúa como suficiente aún el trabajo realizado, pues sigue demandando esfuerzos para disminuir las devoluciones que hace el tribunal de las acciones que lleva el fiscal, también falta elevar la calidad del desempeño del fiscal en el juicio oral. En el caso de las verificaciones fiscales se dirigen acciones de control a la producción de alimentos y al destino final de los medicamentos, por la afectación que traen las irregularidades a la población y a la economía del país.

Un énfasis se realiza en la atención a la población, debido a que es la forma en que puede darse respuesta a las necesidades, quejas, sugerencias de las personas y se les puede orientar desde la ley ante una situación determinada. De conjunto, se diseñó un sistema de trabajo para implementar 86 de los estamentos de las Ideas, Conceptos y Directrices emanadas del 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba, que tienen que ver directamente con el accionar de la Fiscalía.

Igualmente, se le da participación a los Diputados santiagueros, quienes han estado presente en los balances departamentales anuales, así como en el del órgano a nivel provincial; también están incluidos en las inspecciones a las casas de niños sin amparo familiar, hogares de ancianos, reuniones de conclusiones de verificaciones fiscales y visitas a centros penitenciarios,
una participación en la que se reconoce el aporte a los procesos con intervenciones certeras.

Vale destacar que hoy el 100% de los fiscales y asistentes fiscales santiagueros están imbuidos en el proceso de Consulta Popular del Proyecto de Código de las Familias, con el trabajo esclarecedor y técnico que orienta a la población a la hora de comprender la propuesta legislativa en cuestión.